La modernización y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, a cargo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), ha sido objeto de un extenso proceso de licitación que hoy se encuentra en el centro de la controversia. El proceso, identificado como INTRANT CCC-LPN-2023-0001, comenzó en febrero de 2023, pero pronto se vio empañado por denuncias de irregularidades y posibles actos de corrupción. Lo que inicialmente era un proyecto ambicioso para modernizar el control del tráfico en la capital dominicana, ahora amenaza con consecuencias legales para varias empresas y funcionarios implicados.
Con un monto estimado de RD$1,200,000,000, esta licitación se convirtió en un objetivo clave para diversas empresas del sector tecnológico y de transporte, pero las denuncias y hallazgos durante el proceso han puesto en tela de juicio su transparencia y legalidad.
Un proceso cuestionado desde el inicio
El 9 de febrero de 2023, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recibió una solicitud del INTRANT para la desactivación temporal del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP), un paso necesario, según las autoridades, para gestionar el financiamiento de la licitación que no estaba presupuestado en ese momento. Sin embargo, desde este primer paso, los procedimientos comenzaron a levantar sospechas. La desactivación del SECP se justificó como un procedimiento técnico, pero algunos observadores y participantes comenzaron a dudar de la transparencia del proceso.
El 28 de febrero y 1 de marzo de 2023, se realizó una visita técnica al Centro de Control de Tráfico, un evento clave para los posibles oferentes interesados en la licitación. Sin embargo, este evento también despertó inquietudes, ya que algunos oferentes denunciaron que no se les permitió un acceso completo a la información necesaria para preparar sus ofertas. Para el 14 de marzo de 2023, la División de Monitoreo Preventivo de la DGCP ya había emitido una serie de recomendaciones al INTRANT para corregir problemas en el pliego de especificaciones técnicas, pero no todas fueron atendidas.
Denuncias de exclusión y falta de transparencia
El 4 de mayo de 2023, la empresa ESC GROUP, S.R.L. presentó un recurso jerárquico ante la DGCP, exigiendo la revocación del pliego de condiciones y la cancelación de la licitación pública. La empresa argumentaba que las condiciones del pliego contenían cláusulas y requisitos restrictivos que limitaban la libre competencia y violaban los principios de igualdad y participación.
A pesar de estas advertencias, el INTRANT continuó con el proceso y, el 18 de mayo de 2023, adjudicó el contrato a la empresa TRANSCORE LATAM, S.R.L. Esta adjudicación marcó el punto de inflexión en la controversia, ya que, pocos días después, el 7 de junio de 2023, Sistemas Integrados de Control S.A. (SICTRANSCORE LATINOAMÉRICA)presentó una denuncia formal ante la DGCP. SICTRANSCORE alegaba que TRANSCORE LATAM, S.R.L. había usado documentos y credenciales que no le pertenecían, sin autorización de la empresa matriz, y que, por lo tanto, el contrato estaba basado en documentación falsificada.
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Las acusaciones no se detuvieron ahí. El 12 de junio de 2023, TRANSCORE LP, empresa matriz de la adjudicataria, también presentó una solicitud de investigación, argumentando que no tenían ningún vínculo contractual con TRANSCORE LATAM y que no habían autorizado la presentación de esa oferta. La DGCP se vio obligada a intervenir, comenzando una serie de investigaciones internas y externas para verificar la validez de las acusaciones.
La respuesta de las autoridades y el impacto legal
El 6 de julio de 2023, la DGCP notificó oficialmente al INTRANT sobre las denuncias recibidas y los pasos que debían seguir para solicitar la inhabilitación del Registro de Proveedor del Estado (RPE) de TRANSCORE LATAM. En este punto, la DGCP ya había emitido varias resoluciones y recomendaciones que apuntaban a irregularidades en el proceso, pero la situación siguió escalando.
En los meses posteriores, la DGCP recopiló pruebas y evaluó las denuncias presentadas, emitiendo varias resoluciones clave. Entre ellas, las resoluciones Ref. RIC. 164-2023 y Ref. RIC. 165-2023, fechadas en noviembre de 2023, que invalidaron el proceso de selección y anularon la adjudicación del contrato a TRANSCORE LATAM. Además, TRANSCORE LATAM fue inhabilitada permanentemente como proveedor del Estado, tras comprobarse que habían presentado documentos falsos o alterados para participar en la licitación.
La intervención del PEPCA y las implicaciones judiciales
La magnitud de las denuncias y los hallazgos llevaron a la DGCP a remitir el caso a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) en noviembre de 2023. Este órgano judicial tiene la facultad de investigar delitos relacionados con la corrupción administrativa, y su intervención podría abrir un nuevo capítulo en la controversia, con implicaciones penales para los involucrados.
Entre las posibles consecuencias legales se encuentran cargos por falsificación de documentos, fraude y corrupción administrativa, delitos que podrían acarrear penas de prisión para los responsables. La PEPCA ya ha comenzado a recolectar pruebas y testimonios, y se espera que en los próximos meses se presenten cargos formales contra las empresas y funcionarios implicados.
Consecuencias para el gobierno y el INTRANT
Más allá de las consecuencias legales para las empresas y los individuos, este caso tiene el potencial de generar un grave impacto en la credibilidad de las instituciones del gobierno. La falta de supervisión adecuada por parte del INTRANT y la negligencia en atender las recomendaciones de la DGCP han sido señaladas como factores clave en la escalada de este conflicto. Las denuncias de corrupción y falta de transparencia en procesos de licitación pública son una mancha en la gestión gubernamental, que podría tener repercusiones en la opinión pública y en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado.
Además, la modernización del sistema de tráfico de Santo Domingo, un proyecto vital para mejorar la movilidad en una de las ciudades más congestionadas del Caribe, queda en suspenso. La anulación del contrato significa que el proceso de licitación deberá ser reiniciado, lo que podría retrasar el proyecto por meses, si no años, afectando directamente a la población que diariamente enfrenta los problemas de tránsito de la ciudad.
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