La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una nueva amnistía fiscal, la tercera en dos años, que busca facilitar el pago de impuestos atrasados sin la imposición de multas ni intereses. Esta medida, denominada Ley Especial y Transitoria que otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y otras Multas, fue respaldada por 57 de los 60 diputados presentes.
El objetivo de esta ley es permitir que aquellos ciudadanos que se han retrasado en el pago de sus impuestos puedan regularizar su situación fiscal sin enfrentar sanciones económicas. La amnistía tendrá una duración de 90 días y, a diferencia de las iniciativas anteriores, también abarca el perdón de los intereses de las multas de tránsito, lo que amplía su alcance y potencial impacto.
Desde 2022, El Salvador ha implementado amnistías fiscales similares en dos ocasiones. En 2023, más de 36,000 ciudadanos se acogieron a esta medida, permitiendo al Estado recaudar aproximadamente 100 millones de dólares. De este monto, un significativo 57 % provino de pequeños contribuyentes, lo que refleja la importancia de estas medidas para aliviar la carga fiscal de los sectores más vulnerables.
El presidente Nayib Bukele, durante la toma de posesión de su segundo mandato en junio de 2023, señaló que su gobierno enfocaría sus esfuerzos en «sanar» la economía tras haber abordado los problemas de seguridad vinculados a la violencia de pandillas. Bukele afirmó que, habiendo resuelto lo más urgente, es momento de concentrarse en los desafíos económicos que enfrenta el país.
No obstante, una reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop) revela que 73.7 % de la población considera que los problemas económicos son el principal desafío del país, y un 25.8 % opina que la mayor falencia del gobierno de Bukele ha sido en esta área.
Con esta nueva amnistía fiscal, el gobierno busca no solo incrementar la recaudación tributaria sino también aliviar la presión económica sobre la ciudadanía, permitiéndole cumplir con sus obligaciones en un contexto de incertidumbre económica.
