A medida que el gasto público sigue creciendo la única opción viable es aumentar los impuestos o reducir las erogaciones del Gobierno, una decisión difícil que desafía las promesas políticas, pero que podría marcar el rumbo económico del país en el corto y mediano plazo.
Magín J. Díaz
Recientemente un amigo me planteó, con tono de increpación, que los organismos internacionales son abusadores. Esto, debido a las últimas recomendaciones que hicieron sobre la reforma tributaria en el país.
Para poner en contexto la incomodidad de mi amigo, vale la pena recordar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que las recaudaciones dominicanas deben aumentar hasta llegar por lo menos al promedio de países comparables. Esto implica aumentar los ingresos tributarios de 13.6% a 17.6% del PIB. Un incremento de esta magnitud equivale a unos 300,000 millones de pesos.
El Banco Mundial fue aún más lapidario: de acuerdo a sus datos, el país es uno de los de más baja recaudación del mundo, ocupando el puesto 30 de 144 países. De acuerdo a esta institución, no hay razón para que la recaudación no aumente en el en el corto plazo a 17% del PIB y en el mediano plazo hasta 20%, sin que esto afecte el ritmo de crecimiento de la economía.
¿Y serán locos los técnicos de estos multilaterales o abusadores como dice mi amigo? ¿Qué diablos están viendo ellos que mucha gente no ve, para estar sugiriendo un aumento tan brutal de impuestos? Para encontrar la respuesta no hay que ser ingeniero en diseño de cohetes. Es un ejercicio sencillo de aritmética.
Por un lado, el FMI y el Banco Mundial están viendo unas recaudaciones estancadas desde 2019, porque ellos no toman en cuenta al hacer sus proyecciones los ingresos por amnistías ni adelantos, ni otras yerbas aromáticas. Se enfocan en los ingresos estructurales que recaudan la DGII y la DGA. En la gráfica se observa que éstos se encuentran en los mismos niveles Pre-COVID.
Muchos podrán decir que esta comparación no es relevante. Que no se deben medir las recaudaciones en términos relativos al Producto Interno Bruto de una economía, porque ésta es una variable esotérica que puede tener errores de medición.
Pero aquí hay algo crítico con este argumento: aunque fuera válido, el problema es que los gastos en términos relativos al PIB sí van aumentando (contrario a las recaudaciones).
Antes del COVID, el gasto público total en relación al Producto Interno Bruto fue en promedio de 17.3%. Con la última modificación presupuestaria, el gasto total en 2024 alcanzaría el 19.5% del PIB. Sencillo: mientras las recaudaciones tributarias son inferiores a 14% del PIB, los gastos van convergiendo a 20% del PIB.
Lo anterior tiene el agravante de que el Gobierno ha dicho muy claro que el gasto público debe aumentar en seguridad social, programas de asistencia, infraestructura, transferencias al Banco Central y un largo etcétera. Es decir, en el muy corto plazo la intención del Gobierno es que el Gasto Público aumente al menos a 21% ó 22% del PIB.
El Banco de Inversión JP Morgan lo dijo muy claro en un informe publicado el pasado 29 de julio: “Es muy probable que la reforma aumente los ingresos y racionalice el gasto, no tanto para reducir la relación deuda/PIB, sino para aumentar el tamaño del gobierno y proporcionar redes de protección social que una sociedad cada vez más rica probablemente demandará.”
Es decir, hasta los inversionistas internacionales están esperando un aumento adicional del Gasto Público en República Dominicana.
Al comparar los ingresos y los gastos del Gobierno consolidado (incluyendo el Banco Central), vemos que el déficit es muy similar al periodo Pre-COVID, cuando se elimina el efecto de los ingresos extraordinarios por amnistías y adelantos de impuestos.
En efecto, el déficit consolidado del Estado Dominicano fue en promedio de 4.5% del PIB en el periodo 2005-2019.
En el periodo 2021-2023 el déficit reportado fue de 4.1% del PIB. Pero este dato no es el que analiza el FMI para fines de hacer su diagnóstico. Ellos sustraen el impacto de ingresos por adelantos o amnistías bajo el supuesto de que no se pueden hacer estas operaciones todos los años (es lo que ellos llaman ingresos “one off” en inglés, o ingresos por una sola vez en el idioma de Cervantes).
Cuando hacemos este cálculo, el déficit implícito o estructural en estos años ha sido de 4.7% del PIB. Esto equivale a uno 350,000 millones en pesos del 2024 o casi 30,000 millones de pesos mensuales.
Pero ahora gastamos más en pago de intereses, transferencias del Gobierno y nómina pública (básicamente más gasto corriente); y mucho menos en inversión pública, una combinación que no es deseable ni sostenible. En algún momento la reducción en la inversión pública tendrá un impacto negativo en la tasa de crecimiento potencial de la economía.
Con este simple análisis vemos que los organismos internacionales no son ni están locos ni tampoco son abusadores. El país ha decidido gastar más y eso lo han validado los partidos políticos de todos los colores y sabores. Si es así, entonces hay que recaudar más.
Si la sociedad no quiere pagar más impuestos, entonces la clase política tendrá que tomar la decisión de gastar menos. Esto si acaso el Gobierno es responsable y creo que éste claramente lo es; y por eso ha sacrificado la inversión pública.
Hay Gobiernos irresponsables, como los de Argentina y Venezuela, quienes han gastado mucho más que sus ingresos y como no quieren cobrar más impuestos, han recurrido a financiar el gasto público con emisiones monetarias del Banco Central. Esto ha traído en ambos países crisis terribles que están llevando esos países a la miseria con casos históricos de hiperinflación.
Es lo que Milei está tratando de resolver y por lo que dicen que es un loco. Pero más locos fueron los que llevaron a ese país adonde está ahora, sin dudas. Palos si bogas y palos si no bogas, diría un amigo que está en el Gobierno.
En el caso nuestro no se ve una crisis en el horizonte. Pero el Gobierno tendrá que tomar decisiones difíciles y que en muchos casos van en contra de la narrativa que asumió en la oposición. O baja el gasto o aumenta los impuestos en una magnitud que no se ha visto desde la reforma de Balaguer de 1992. Ya veremos.
