Siete países del Caribe y América Latina, entre ellos República Dominicana, recibirán una donación de US$10 millones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés) para enfrentar las llegadas masivas de sargazo. El programa, llamado SargMarine, fue presentado en la COP31 junto con CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.
Además de República Dominicana, participan Colombia, Panamá, Jamaica, Trinidad y Tobago, Granada y Santa Lucía. Para el país, donde el alga se acumula en zonas costeras con actividad turística y pesquera, el proyecto aporta financiamiento regional para prever los arribos y explorar usos económicos del sargazo. México y Francia respaldaron el acto de presentación.
Cómo se financiará y quién lo ejecutará
La donación del GEF se complementa con US$67.3 millones de cofinanciamiento que está previsto, es decir, aún no confirmado en su totalidad. CAF actuará como agencia implementadora, la Organización de los Estados Americanos (OEA) como agencia ejecutora, y el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) como socio técnico.
Según los organizadores, el proyecto busca que los países compartan información, mejoren su capacidad para anticipar y manejar los arribos, y desarrollen formas de aprovechar el alga que generen ingresos en las economías locales. También apunta a disminuir los daños sobre los ecosistemas marinos y costeros, el turismo, la pesca y las comunidades del Gran Caribe.
Chizuru Aoki, gerente de la División de Convenciones y Fondos del GEF, informó que la iniciativa ya fue aprobada de forma definitiva. «Eso significa que está lista para ponerse en marcha. Estamos listos para impulsar acciones sobre el terreno», dijo.
Un fenómeno que cruza fronteras
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en mayo de 2025 el Atlántico acumuló 37.5 millones de toneladas de sargazo, la cifra más alta desde que se empezó a medir el fenómeno en 2011. Esas acumulaciones perjudican la actividad económica de las costas y presionan tanto a los ecosistemas como a la salud de las poblaciones cercanas.
Lina Mondragón, gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF, señaló que el sargazo cruza fronteras, pero que las respuestas siguen siendo sobre todo nacionales. «Superar esta fragmentación requiere fortalecer los mecanismos existentes, aprovechar las capacidades de las organizaciones regionales y alcanzar acuerdos que permitan una acción conjunta más eficaz», afirmó.
Lo que pidieron los gobiernos
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Fabio Arjona Hincapié, abogó por un enfoque regional y por más cooperación entre los países afectados. «Definitivamente, las soluciones locales no van a funcionar por sí solas», sostuvo. Propuso además diseñar respuestas conjuntas y fortalecer el poder de negociación de la región ante instancias internacionales.
Por Jamaica, el enviado especial para Cambio Climático, Medio Ambiente, Océanos y Economía Azul, Matthew Samuda, priorizó el monitoreo y los pronósticos. «Queremos saber cuándo llega y dónde», expresó. Con ese dato, explicó, se define dónde reforzar la protección y se planifican los proyectos de aprovechamiento, cuya factibilidad también depende de saber cuánta materia prima hay disponible.
La viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad de República Dominicana, Ana Emilia Pimentel, pidió que las respuestas incluyan las necesidades de las comunidades y que se valoren las consecuencias económicas del fenómeno. «También hay que pensar en esta perspectiva de la gente», señaló.
La embajadora de Panamá en Turquía, Karina Arias, indicó que SargMarine vinculará las capacidades de los países con la ciencia y la inversión. Subrayó la importancia de las alertas tempranas, de resguardar los ecosistemas costeros y de la economía circular para convertir el alga en oportunidades sostenibles para las comunidades.
Con la aprobación final otorgada, el paso siguiente es el arranque de las actividades en los países participantes. Quedará por verse cómo se concreta el cofinanciamiento de US$67.3 millones y qué tareas específicas corresponderán a República Dominicana.














