El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) ordenó la clausura de un complejo industrial ilegal en San Antonio de Guerra, al este de la provincia Santo Domingo, donde ciudadanos de origen asiático producían cartón sin ninguna habilitación legal para operar en el país, según informó la institución.
La operación conocida como «Fábrica Cartesa» funcionaba sin el Certificado de Uso de Suelo ni las autorizaciones comerciales exigidas por la legislación dominicana, y tenía contratados trabajadores extranjeros de manera irregular. El incumplimiento simultáneo de normas industriales, ambientales y migratorias eleva la complejidad jurídica del caso y expone a los propietarios a sanciones en múltiples frentes.
Un operativo con decomiso millonario
La acción estuvo a cargo del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), unidad del MICM dedicada a la fiscalización del comercio de derivados del petróleo y mercancías, con respaldo de otras entidades del Estado. Los agentes verificaron el estatus migratorio de los extranjeros hallados en el lugar y paralizaron la producción por infracciones a la Ley 687-82, que regula los requisitos técnicos para la preparación y ejecución de proyectos de construcción e instalación industrial.
Durante la inspección se retuvo un depósito de combustible con capacidad para 5,000 litros y 1,000 galones de gasoil, con un valor estimado de RD$2,250,000. El CECCOM también desmanteló un almacén de combustibles que funcionaba al margen de las exigencias de la Ley 112-00 de Hidrocarburos, norma que establece las condiciones de seguridad, almacenamiento y comercialización de derivados del petróleo en el territorio nacional.
Un complejo de gran escala sin un solo permiso
La infraestructura hallada revela la dimensión de la operación: el predio contaba con tres naves de producción de amplia superficie y un edificio de cuatro plantas habilitado como área de oficinas y vivienda, todo ello levantado y puesto en marcha sin que las autoridades competentes hubieran otorgado ninguna autorización.
El ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovaton, dejó en claro la postura del Gobierno frente a la inversión extranjera: «La República Dominicana es un país abierto para las inversiones extranjeras y el comercio, siempre y cuando se establezcan en el país en el marco de la ley», declaró al dar a conocer el caso.
El expediente administrativo y el proceso migratorio contra los implicados serán los elementos a seguir en las próximas semanas; la dimensión del complejo y el volumen de combustibles retenidos hacen probable que la investigación derive en cargos penales adicionales a las multas por las violaciones técnicas ya documentadas.
