La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) exigió al Gobierno reducir las tasas de préstamos para el sector comercial desde el rango actual de entre 14% y 19% hasta un corredor de entre 8% y 9%, alegando que el costo del crédito erosiona la rentabilidad de empresas que han invertido en modernización.
El reclamo impacta directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que concentran cerca de RD$141,000 millones del total de crédito comercial, dentro de una cartera de mipymes que a mayo de 2026 rondaba los RD$579,000 millones. Para los comerciantes que han tomado préstamos de hasta RD$100 millones para ampliar locales y mejorar parqueos, una tasa de hasta 18% puede ubicarlos por debajo del punto de equilibrio o forzar el cierre de sus negocios, según alertó Iván García, presidente de la FDC.
Tasas de préstamos y encaje legal
García planteó que el Gobierno utilice la liberación de recursos del encaje legal (el porcentaje de depósitos que la banca debe mantener inmovilizado en el Banco Central) como mecanismo para canalizar financiamiento a condiciones más favorables hacia las mipymes. La propuesta fue formulada durante el desayuno de gala por el 52 aniversario de la FDC, celebrado el miércoles 21 de octubre en el marco de la fundación de la entidad el 20 de octubre de 1974 en Salvaleón de Higüey.
La reducción de tasas de préstamos que solicita la FDC equivale a recortar entre cinco y diez puntos porcentuales el costo del crédito, una brecha que, según García, coloca al comercio dominicano en desventaja frente a competidores que operan con financiamiento más barato.
Comisiones por tarjetas y pagos electrónicos
Además del costo del crédito, García pidió regular las comisiones que cobran las entidades financieras y las empresas adquirentes por transacciones con tarjetas de débito y crédito, que según informó pueden alcanzar entre 4% y 6% en algunos establecimientos. A mayo de 2026 había 239,000 terminales de pago instalados en el comercio nacional y las transacciones financieras sumaron RD$550,000 millones en los sectores de servicios, supermercados, tiendas minoristas y combustibles.
El dirigente también cuestionó la comisión de 5% que se aplica a las transacciones con tarjetas del programa Supérate y propuso reducirla a menos de 1%, argumentando que ese costo desincentiva la aceptación de esas tarjetas en los comercios.
Competencia, regulación y peso del sector
García reclamó igualdad de condiciones para los comerciantes dominicanos frente a los competidores extranjeros, particularmente en el comercio con China. Precisó que la FDC no se opone a las importaciones ni a las inversiones chinas, sino que exige el cumplimiento de las mismas reglas para todos los actores del mercado. Advirtió que, sin controles efectivos contra el comercio ilícito y la competencia desleal, el comercio tradicional podría desaparecer, con consecuencias para el empleo formal.
En materia regulatoria, García respaldó la propuesta legislativa que busca extender por dos años el plazo para la entrada en vigor de las disposiciones sobre responsabilidad penal empresarial, cuya aplicación está prevista para noviembre. También pidió evaluar la situación de las mipymes ante el vencimiento, el próximo 15 de noviembre, del plazo para incorporarse a la facturación electrónica.
En cuanto al peso del sector, García informó que las actividades de comercio y servicios registraban 1,044,961 trabajadores a julio de 2026, según datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), y que la FDC pasó de 60 asociaciones en 1997 a 457 en 2025, con una matrícula de aproximadamente 64,000 afiliados. Destacó además el intercambio comercial con Haití, estimado en alrededor de US$3,500 millones anuales, y pidió que los empresarios fronterizos sean consultados en las decisiones relacionadas con ese mercado. El sector también reiteró su respaldo a la derogación del Decreto 693-24, relativo al esquema de autorizaciones de importaciones agrícolas.
Las próximas semanas serán clave para el sector: el vencimiento de los plazos de facturación electrónica y la entrada en vigor de la responsabilidad penal empresarial en noviembre definirán si el Gobierno responde a las demandas de la FDC o si los comerciantes enfrentan un nuevo frente de presión regulatoria sobre sus costos operativos.
