El gobierno argentino lanzó este lunes 19 de octubre un plan de retiro voluntario para eliminar 20,000 nuevos puestos en la administración pública, lo que elevaría a más de 97,000 el total de empleos estatales suprimidos desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023.
La medida profundiza la política de recorte del gasto que el gobierno denomina «motosierra» y que hasta ahora ha eliminado el 21% de los puestos del Estado nacional, según cifras comunicadas en septiembre por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El ajuste afecta directamente las cuentas fiscales de Argentina en un momento en que el gobierno busca consolidar el equilibrio presupuestario y continuar reduciendo impuestos.
El plan y sus condiciones
El programa, formalizado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, se extenderá por un mes a partir del 1 de noviembre y tiene como objetivo, según el texto oficial, «una adecuada y eficiente asignación de los recursos públicos». Contempla diferentes planes de pago y montos según la edad y la antigüedad de cada empleado.
El decreto incluye una cláusula que prohíbe a quienes se acojan al retiro regresar a la administración pública durante los próximos ocho años, una restricción inusualmente extensa que subraya el carácter permanente que el gobierno busca imprimir al recorte. «Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos», escribió Sturzenegger en la red social X al anunciar la medida.
Sindicatos rechazan la iniciativa
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el decreto de forma contundente y anunció una marcha de protesta. «No es retiro voluntario, es despido extorsivo. El rechazo es total a este decreto», escribió en X el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
El cuestionamiento sindical apunta al carácter coercitivo de la medida: aunque se presenta como voluntaria, los trabajadores que no la acepten quedan expuestos a eventuales reestructuraciones futuras en un Estado que ya ha recortado más de una quinta parte de su planta.
El empleo y la informalidad, en el centro del debate
Sturzenegger ha reivindicado la creación de unos 400,000 empleos durante la gestión Milei, aunque esa cifra incluye el empleo informal y los trabajadores por cuenta propia. La informalidad laboral en Argentina creció tres puntos porcentuales en tres años y se ubica actualmente en torno al 45% de la fuerza laboral, lo que pone en perspectiva el alcance real de los empleos generados que cita el gobierno.
El siguiente indicador a seguir es la tasa de adhesión al programa de retiros cuando abra en noviembre: si los 20,000 objetivos no se alcanzan de forma voluntaria, el gobierno deberá decidir si recurre a despidos directos o a una nueva ronda de incentivos, lo que reavivará el conflicto con los sindicatos estatales.
