Las AFP chilenas perdieron terreno de forma drástica en 2026: posiciones en derivados vinculados a tasas de interés de Estados Unidos que mostraban una ganancia cercana a US$1,400 millones hace un año acumularon pérdidas de mercado de US$7,700 millones en septiembre, según cifras de la Superintendencia de Pensiones de Chile citadas por Bloomberg. Lo que agrava el caso es que los propios ejecutivos de los fondos habían pedido en privado al regulador, más de un año antes del colapso, que impusiera límites a esas mismas posiciones.
El giro negativo se produjo tras un shock inflacionario global asociado al conflicto bélico con Irán, que empujó al alza los rendimientos de los bonos estadounidenses y hundió el valor de mercado de los contratos de swaps de tasas que las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP) mantenían. Para los afiliados chilenos, la caída no es abstracta: el Fondo E, el más conservador y destinado a personas próximas a la jubilación, acumuló una pérdida promedio de 10.4% en 2026, incluyendo una caída de 4.9% solo en septiembre.
La advertencia que no se tradujo en acción
Bloomberg reveló que ejecutivos de las AFP solicitaron en conversaciones privadas que el regulador estableciera reglas para detener la acumulación de derivados volátiles. Es decir, los gestores identificaban el riesgo, lo comunicaron a la Superintendencia de Pensiones y aun así mantuvieron las exposiciones elevadas mientras aguardaban una instrucción formal.
La explicación probable está en la estructura de incentivos del sistema. Cada AFP compite por rentabilidad y cuota de mercado; reducir una posición que aún generaba ganancias en solitario podía restar rendimiento frente a la competencia. Esperar una regla común permitía que todas las administradoras ajustaran de forma simultánea, sin que ninguna quedara en desventaja competitiva. Ese razonamiento, sin embargo, convirtió al regulador en el único freno posible.
La Superintendencia de Pensiones finalmente endureció los límites en abril de 2026, tras meses de conversaciones con los fondos. La nueva normativa entra en vigor el 4 de noviembre y obliga a las AFP a ajustar progresivamente sus posiciones. La Asociación de AFP sostiene que el objetivo es corregir los niveles de riesgo, no desmantelar las carteras; sin embargo, el ajuste llega en un momento delicado: cerrar contratos cuando los rendimientos estadounidenses ya han subido puede convertir pérdidas contables, hasta ahora valuaciones de mercado, en pérdidas efectivas e irreversibles para los afiliados.
El Fondo E y el costo para quienes están por jubilarse
El Fondo E concentra una mayor proporción de renta fija y fue el vehículo más expuesto a los swaps de tasas. Está diseñado precisamente para el segmento más vulnerable: trabajadores próximos a pensionarse, que tienen menor margen de tiempo para recuperar pérdidas. La nueva regulación establece límites de pérdida estimada bajo escenarios de estrés de 3% para los fondos A y B, 2.5% para el C y 2% para los fondos D y E.
Los legisladores chilenos ya exigen explicaciones al regulador sobre cómo se permitió construir apuestas de esta magnitud en tasas extranjeras. El debate político incluye preguntas sin respuesta pública sobre la supervisión: si las conversaciones sobre límites comenzaron con meses de anticipación, ¿por qué la regla llega después de que las posiciones ya generaron pérdidas multimillonarias?
La lección para los sistemas de pensiones de la región
El episodio expone una falla estructural que va más allá de Chile. La diversificación internacional en carteras previsionales no elimina el riesgo, sino que lo redirige: inversión en activos extranjeros puede reducir la exposición al mercado local, pero introduce vulnerabilidad cambiaria, geopolítica y a tasas de interés que puede golpear con fuerza cuando la coyuntura global se deteriora.
Para los sistemas de pensiones de América Latina, incluyendo el dominicano administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) locales bajo supervisión de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), el caso chileno ilustra que la gestión de riesgo no puede depender de la autocontención voluntaria de cada administradora. Requiere una arquitectura preventiva con límites de concentración claros, pruebas de estrés periódicas, transparencia sobre el uso de derivados y reglas que se apliquen antes de que la pérdida sea irreversible. La pregunta que deberán responder los reguladores de la región no es solo si las AFP chilenas recuperarán parte de lo perdido, sino si el sistema aprenderá que proteger la pensión de un trabajador exige más prudencia que perseguir la rentabilidad de una apuesta.
