El pasado 30 de septiembre, el Banco Central subió su tasa de política monetaria de 5.25 % a 5.50 %, el primer movimiento después de varias reuniones sin cambios. Para la dueña de un pequeño taller de costura en Constanza, la noticia tiene un solo significado: si la tasa sube, su préstamo se encarece. Lo que quizás no sabe es que, durante el año anterior, cuando el dinero se abarataba, ese alivio apenas tocó su puerta. Y a cinco semanas del 15 de noviembre, cuando su negocio estará obligado a facturar electrónicamente, vale la pena preguntarse por qué.
Cuando el Banco Central baja su tasa, el alivio no llega en ascensor: baja por la escalera, escalón a escalón. El último informe de la Superintendencia de Bancos sobre el crédito a las MIPYMES permite medirlo con una misma fuente y un mismo período. Entre abril de 2025 y abril de 2026, la tasa interbancaria, que la propia Superintendencia usa como referencia del costo de fondeo de los bancos, cayó 2.1 puntos, hasta 8.4 %. En esos mismos doce meses, la tasa que pagan las micro, pequeñas y medianas empresas bajó de 14.4 % a 13.5 %, menos de un punto. El dinero se abarató para los bancos más del doble de lo que se abarató para la pequeña empresa.
Sería injusto leer esa distancia como simple mala fe. Buena parte de los préstamos se pactan a tasa fija y la cartera se renueva despacio, de modo que las tasas de los préstamos siempre reaccionan con rezago. Y el rezago no es exclusivo de la pequeña empresa: en el mismo período, la tasa del resto de la cartera comercial bajó apenas medio punto, de 10.5 % a 10.0 %. La escalera la bajan todos. La diferencia es desde qué piso empieza cada uno.
Ese piso es lo que de verdad distingue a la MIPYME. La distancia entre su tasa y la del resto de la cartera comercial era de 3.9 puntos en abril de 2025 y de 3.5 en abril de 2026, muy cerca de su promedio de cinco años, 3.8 puntos. En un año en que el costo del dinero entre bancos cayó más de dos puntos, el piso de la pequeña empresa apenas se movió. Y ese piso no lo fija la Junta Monetaria.
¿De qué está hecho? La Superintendencia lo atribuye al mayor riesgo que perciben las entidades financieras, porque estas empresas con frecuencia carecen de historial crediticio o de garantías. Pero hay más ingredientes, y conviene nombrarlos con honestidad: la morosidad efectiva de cada sector y el costo de administrar préstamos pequeños, que cuesta casi lo mismo gestionar por cincuenta mil pesos que por cinco millones. Por eso la tasa promedio a las MIPYMES va desde 10 % al 12 % en banca comercial, hasta 35 % en la banca especializada en microcrédito. La política monetaria no toca ninguno de esos ingredientes. De todos, sin embargo, la falta de información es el que una política pública puede reducir con más rapidez.
La subida de septiembre es pequeña, apenas un cuarto de punto, y sería un error hacer un “aleluya” como se dice en algunos de nuestros campos. Pero el antecedente no es tranquilizador: la Superintendencia documentó que, a partir de diciembre de 2021, las tasas para las MIPYMES subieron de forma sostenida, impulsadas por el aumento de la tasa de política monetaria. Hay además dos rasgos del mercado que no ayudan. Tres bancos, Popular, Banreservas y BHD, concentran el 70.2 % del crédito a las MIPYMES, lo que probablemente reduce la presión competitiva para trasladar los recortes, aunque esto es una hipótesis y no un hallazgo demostrado. Y, como he señalado antes por este medio, cuando la tasa sube, los títulos del Banco Central y de Hacienda rinden más, y prestarle a un taller de costura compite contra un instrumento que paga mejor y casi no tiene riesgo.
Aquí aparece la paradoja del momento. El 15 de noviembre vence el plazo para que las pequeñas empresas, las microempresas y los contribuyentes no clasificados emitan comprobantes fiscales electrónicos, tras la prórroga que la DGII concedió en mayo. Cientos de miles de negocios dejarán un rastro digital de sus ventas que antes no existía. Sin proponérselo del todo, el Estado está produciendo la materia prima que los bancos dicen necesitar para cobrar menos: un historial de ventas verificable, emitido y validado por un tercero, más confiable que cualquier estado financiero sin auditar.
El riesgo es que esa información se quede archivada. Hoy, para el pequeño empresario, el 15 de noviembre se presenta como una obligación con multas de cinco a treinta salarios mínimos, no como una puerta. El puente hacia el crédito no exige que la DGII rompa el deber de reserva que le impone el Código Tributario: puede partir de la propia empresa. La DGII exige a cada emisor conservar sus comprobantes electrónicos, y cada uno lleva un código QR con el que cualquier receptor puede verificar su validez. Es decir, el pequeño empresario tendrá en sus manos un historial de ventas difícil de falsificar. Lo que falta es que los bancos puedan verificarlo a escala, mediante un servicio automatizado y con el consentimiento expreso del contribuyente, y que lo acepten como evidencia para evaluar crédito.
No sería un experimento a ciegas. Desde 2022, la India permite que una pequeña empresa autorice, a través de un sistema regulado de consentimiento, que sus declaraciones del impuesto sobre bienes y servicios lleguen directamente a los bancos, para que estos la financien según su flujo real de ventas. Perú tomó otro camino: convirtió la factura electrónica en un título negociable que la empresa puede descontar para cobrar por adelantado. El monto de facturas negociadas pasó de unos 500 millones de soles en 2015 a más de 40,000 millones en 2024, con más de 25,000 empresas usuarias, en su gran mayoría MIPYMES. Son vías distintas, pero parten de lo mismo: la factura electrónica no tiene por qué servir solo para cobrar impuestos.
Y hay una oportunidad concreta para construir ese puente. El BID y las autoridades monetarias preparan un programa de cien millones de dólares para el crédito a las MIPYMES, canalizado a través de Bandex, que incluiría un fondo de garantías parciales con un capital inicial de cinco millones de dólares, que, según lo informado en julio, todavía esperaba los ajustes regulatorios que debe evaluar la Junta Monetaria. Es un comienzo modesto frente a una cartera MIPYME de más de RD$576,837 millones a abril de 2026, según datos de la Superintendencia de Bancos, pero su diseño todavía está abierto. Mi propuesta es que el acceso a esas garantías, o su cobertura, se vincule al historial de facturación electrónica.
Hay una ironía en todo esto. A partir del 15 de noviembre, la DGII sabrá más del negocio de cualquier pequeño empresario que el banco al que ese empresario le pide prestado. Conocerá cada venta, cada mes bueno y cada mes malo. El banco seguirá cobrándole como si no supiera nada de sus ventas, porque, en sentido estricto, de sus ventas no sabe nada. Que el Estado tenga mejor información que el mercado, y que esa información sirva solo para cobrar y nunca para prestar, es la mejor descripción posible de un piso que nadie se ha ocupado de bajar.
