La Dirección General de Migración (DGM) anunció operativos en fincas, obras en construcción y empresas agropecuarias para verificar la situación migratoria de los trabajadores, en una campaña que contará con el respaldo de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.
El anuncio eleva la presión sobre los empleadores que contratan mano de obra indocumentada, un segmento que históricamente ha absorbido parte importante de la oferta laboral agrícola y constructora del país. Las empresas que incumplan la ley migratoria quedan expuestas a sanciones, mientras que los trabajadores en situación irregular enfrentan deportación.
Inteligencia previa y despliegue de agentes
El vicealmirante Luis Lee Ballester, director general de la DGM, indicó en un comunicado que la institución realizará labores de inteligencia para identificar centros de acopio y rutas de traslado, con el propósito de diseñar intervenciones «más precisas y sostenidas». La estrategia apunta a reducir el margen de aviso previo que en operativos anteriores permitió a trabajadores irregulares evadir los controles.
Para respaldar esos operativos, la DGM formó 1,187 agentes de reacción rápida. A ese cuerpo se sumarán 300 jóvenes que están en capacitación especializada, lo que, según Lee Ballester, permitirá ampliar la cobertura en el Gran Santo Domingo y la región Este.
Más de 800,000 deportaciones en dos años
El director informó que en los últimos dos años la institución deportó a más de 800,000 extranjeros indocumentados, una cifra que refleja la escala del fenómeno migratorio irregular que enfrenta el país. Los operativos en fincas forman parte de un esfuerzo continuo por controlar los flujos de entrada y la permanencia de personas sin estatus legal en territorio dominicano.
La DGM no precisó en el comunicado las fechas exactas de inicio de las intervenciones ni los sectores geográficos prioritarios más allá del Gran Santo Domingo y el Este. Los próximos reportes de la institución sobre resultados de esos operativos indicarán si la ampliación del cuerpo de agentes se traduce en un incremento sostenido en los indicadores de deportación o regularización.
