El decreto que deroga aranceles al arroz importado desde Estados Unidos generó el rechazo de economistas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quienes advirtieron esta semana que la medida controvierte la política de protección al sector arrocero que había aplicado el presidente Luis Abinader y que compromete a miles de empleos en el agro dominicano.
El decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026, deroga formalmente el decreto 693-24, promulgado el 17 de diciembre de 2024, que establecía medidas arancelarias para regular la importación de arroz, específicamente desde Estados Unidos. La eliminación de esos aranceles abre el mercado a marcas de arroz norteamericanas en un país que, según la economista Edita Rodríguez, produce el 96% del arroz que consume, lo que traslada la presión competitiva directamente sobre el productor local.
Una decisión «desafortunada y muy triste»
Wagner Gomera, director de la Escuela de Economía de la UASD, calificó el decreto como «una decisión desafortunada y muy triste» que contradice lo que describió como «la ruta correcta» adoptada por el presidente Abinader de proteger al sector arrocero. Gomera reconoció que la situación está vinculada a los compromisos del DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos), pero cuestionó de fondo el argumento de que la apertura fomentará la competitividad. «No se puede hablar de una competencia en igualdad de condiciones», señaló, dado que Estados Unidos subsidia su producción de arroz, lo que representa una ventaja estructural frente al productor dominicano.
El economista también criticó lo que describió como una postura de subordinación del Gobierno dominicano ante Washington en un tema que, a su juicio, debió ocupar un lugar prioritario en la agenda bilateral. Gomera advirtió que el sector arrocero aporta entre el 13% y el 15% del PIB agropecuario del país, involucra a unos 30,000 productores y genera alrededor de 800,000 empleos directos y más de 50,000 indirectos.
El peso del DR-CAFTA y el período de transición
Edita Rodríguez, catedrática y directora financiera de la UASD, reconoció que la derogación era previsible dentro del marco de los compromisos internacionales asumidos. Recordó que el DR-CAFTA entró en vigor en la República Dominicana en 2007 y que el arroz, por su carácter estratégico como principal componente de la dieta dominicana, obtuvo un período de transición de 19 años antes de su incorporación plena al acuerdo. «Entiendo que esto no debió ser una sorpresa y que teníamos que prepararnos, porque era algo que se veía venir», afirmó.
Rodríguez planteó que el decreto abre un escenario de doble impacto: podría beneficiar al consumidor al facilitar la entrada de más marcas de arroz, principalmente norteamericanas, pero golpeará al productor local que no logró prepararse lo suficiente durante el período de transición. «Cuando somos parte de esquemas de integración y acuerdos internacionales, tenemos que cumplirlos», subrayó, aunque reconoció que el cumplimiento implica grandes retos para el sector.
Uno de los puntos centrales del debate será cómo el Estado dominicano acompaña la apertura comercial con políticas de apoyo al productor arrocero. El senador Franklin Romero ya ha abogado por la aprobación de una ley que proteja a los productores nacionales, y las presiones sobre el Congreso y el Ejecutivo para instrumentar medidas compensatorias podrían intensificarse en las próximas semanas a medida que se sienta el efecto competitivo del decreto 635-26 en el mercado local.
