La inversión extranjera directa en México alcanzó US$34,968 millones en el primer semestre de 2026, el nivel más alto registrado para un período similar, según cifras reportadas en el Segundo Informe de Gobierno. El país se mantuvo, además, entre los diez principales receptores de inversión extranjera a nivel mundial durante 2025.
El volumen récord coloca a México en una posición relevante dentro de las cadenas globales de producción, pero también revela el siguiente eslabón pendiente: que el flujo de capital se traduzca en nuevos proyectos productivos, mayor capacidad instalada y crecimiento de largo plazo. Para empresas y consumidores de América Latina que compiten por atraer capitales similares, la experiencia mexicana ilustra los factores que definen la competitividad regional.
Composición de la IED: reinversión vs. nuevos proyectos
Una parte relevante de los flujos actuales proviene de empresas que ya operan en México y que optaron por reinvertir sus utilidades en el país. Si bien esa decisión refleja confianza en el mercado local, también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer las condiciones para atraer capitales nuevos y concretar proyectos desde cero.
El Segundo Informe de Gobierno también reportó avances del Plan México: la apertura de 25 de los 100 parques industriales previstos y la operación de una Ventanilla Única que aprobó proyectos por US$3,760 millones en plazos menores a 60 días. Esos indicadores apuntan en la dirección correcta, aunque su impacto dependerá de que las iniciativas se traduzcan en procesos eficientes y consistentes en los distintos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.
Certeza jurídica e infraestructura, los factores decisivos
La competencia por atraer inversión ya no ocurre únicamente entre países. Estados y regiones disputan la instalación de proyectos industriales, tecnológicos, energéticos y logísticos ofreciendo condiciones diferenciadas. Para un inversionista, la certeza jurídica, la estabilidad regulatoria, la seguridad contractual y la eficiencia en la obtención de permisos pueden ser tan determinantes como los costos de operación o los incentivos fiscales.
México cuenta con ventajas estructurales: una base manufacturera sólida, proximidad al mercado estadounidense y una integración comercial profunda con América del Norte bajo el T-MEC. Sin embargo, el propio análisis del entorno de negocios señala que la consolidación de nuevas directrices regulatorias y las reformas en sectores estratégicos representan un reto para la certidumbre de los inversionistas.
El crecimiento de sectores como la manufactura avanzada, los centros de datos, la logística y la energía está generando una mayor demanda de infraestructura y de procesos regulatorios más ágiles. La capacidad para coordinar autoridades de los tres niveles de gobierno y ofrecer certeza en la ejecución de contratos será determinante para transformar el interés inversor en proyectos concretos.
Qué sigue para consolidar el crecimiento
Sostener la inversión extranjera directa en México en niveles competitivos requerirá que la certeza jurídica, la disponibilidad de energía, la infraestructura y la coordinación institucional se conviertan en ejes centrales de la estrategia de competitividad, no solo en compromisos declarativos. El desafío consiste en convertir la confianza de las empresas ya establecidas en el país en un mensaje capaz de atraer nuevos capitales.
El marco legal deberá evolucionar al mismo ritmo que las necesidades de proyectos cada vez más complejos. Los inversionistas seguirán evaluando qué tan predecibles serán las reglas durante toda la vida de sus inversiones, cuánto tiempo tomará obtener las autorizaciones necesarias y si el ecosistema institucional puede acompañar el ciclo completo: desde la decisión inicial hasta la construcción, operación y eventual expansión. Esas respuestas, más que las cifras de captación anual, definirán si México consolida su posición entre los principales destinos de inversión extranjera directa a nivel global.
