El conflicto entre Anadegas y los proveedores de verifones escala al nivel gubernamental: el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) encabeza las gestiones para evitar que la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas retire los dispositivos de pago electrónico de sus más de 700 estaciones afiliadas a partir del 25 de septiembre.
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, anunció este martes que varias instituciones del Estado participan en la búsqueda de una salida negociada. El funcionario advirtió que si el conflicto no se resuelve, cientos de miles de usuarios que pagan combustibles con tarjeta quedarían sin esa opción en las gasolineras afiliadas a Anadegas, la organización que agrupa a gran parte de los detallistas de combustibles del país.
El llamado al acuerdo
Alcántara instó a Anadegas a «actuar con sensatez» y permitir que las autoridades continúen mediando en el diferendo con los proveedores de los verifones, los terminales de punto de venta que procesan pagos electrónicos. «Las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado», sostuvo el funcionario.
Pro Consumidor indicó que se mantiene en conversación permanente con los directivos de Anadegas y da seguimiento a las gestiones del resto de entidades públicas involucradas. El objetivo declarado es impedir que las diferencias entre los detallistas y las entidades del sector financiero se trasladen al consumidor, en particular mediante una reducción de las alternativas de pago disponibles en las estaciones de servicio.
Plazo y alcance de la medida
Anadegas anunció la decisión de retirar los verifones de la totalidad de sus más de 700 estaciones afiliadas a partir del 25 de septiembre, lo que modificaría de forma inmediata los mecanismos de pago disponibles para los usuarios en un segmento amplio de la red de gasolineras del país.
El funcionario reiteró que cualquier acuerdo que surja de las negociaciones debe garantizar que los consumidores mantengan condiciones para efectuar sus pagos al adquirir combustibles, sin reducción de alternativas.
La fecha límite del 25 de septiembre deja diez días al MICM, Pro Consumidor y las demás instituciones involucradas para concretar un acuerdo entre Anadegas y los proveedores de los dispositivos antes de que la medida entre en vigor.
