El nuevo Código Penal de la República Dominicana introduce la responsabilidad penal corporativa como uno de sus cambios más disruptivos para el sector empresarial, obligando a las compañías a construir sistemas reales de cumplimiento o exponerse a consecuencias penales como personas jurídicas.
Ese fue el mensaje central del Encuentro Industrial organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), donde su presidente, Julio Virgilio Brache, convocó al sector productivo a prepararse frente a las nuevas exigencias del marco legal. La presencia de la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, en un panel del evento subraya la prioridad que el Estado le asigna a este proceso de transición.
El cambio más profundo en un siglo
Brache calificó la entrada en vigor del nuevo Código Penal como «uno de los cambios institucionales más importantes de los últimos años», al dejar atrás una legislación concebida hace más de un siglo para una sociedad y una economía radicalmente distintas. Desde la perspectiva empresarial, señaló, el cambio exige atención prioritaria.
«La seguridad jurídica es una condición fundamental para invertir, producir, generar empleos y competir», sostuvo el presidente de la AIRD. Las empresas, argumentó, se benefician cuando operan con reglas claras en un Estado de derecho que aplique la ley de manera previsible, proporcional y apegada al debido proceso.
De cumplimiento regulatorio a riesgo penal
El punto que más preocupa al sector industrial es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una dimensión que pocas compañías dominicanas habían gestionado de forma formal. Brache explicó que las organizaciones están habituadas a manejar cumplimiento regulatorio, tributario, laboral, ambiental y financiero, pero el nuevo Código eleva los deberes de organización, dirección, control y supervisión a otra categoría: la penal.
«No basta con manuales, códigos o protocolos. Se requiere identificar riesgos, establecer controles, capacitar al personal, disponer de mecanismos de denuncia, investigar posibles irregularidades y documentar adecuadamente los procesos. En otras palabras, el cumplimiento debe hacerse parte fuerte de nuestra cultura empresarial», afirmó Brache.
Dudas concretas del sector productivo
El titular de la AIRD reconoció que un cambio de esta magnitud genera interrogantes sin respuesta aún para muchas organizaciones: cómo será aplicada la responsabilidad penal corporativa a las empresas, qué se espera de sus órganos de dirección, cuáles serán los estándares razonables de cumplimiento, cómo se determinará que una organización ha establecido controles suficientes y, de forma particular, cómo funcionará el régimen para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Precisamente esas dudas, señaló Brache, hacen necesario abrir espacios de intercambio entre las autoridades y el sector productivo. Para la AIRD, la implementación adecuada de una legislación de esta trascendencia requiere «información, prevención, orientación y diálogo», según sus palabras.
El panel fue conducido por el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, y la Procuradora Reynoso respondió en ese espacio a diversas inquietudes planteadas por representantes del sector industrial y empresarial.
Lo que sigue ahora es determinar si el reglamento de aplicación y los criterios del Ministerio Público darán respuestas claras a las pymes antes de que la ley comience a generar consecuencias institucionales concretas.
