Doña Ana administra un colmado y lleva catorce años abriendo a las seis de la mañana. Conoce a sus clientes por nombre, sabe qué marca de habichuela se vende y cuál se queda en el estante, y nunca le ha quedado mal a un suplidor. El año pasado quiso ampliar el negocio y fue al banco más cercano, en Santiago. Le dijeron que no. Salió convencida de que había sido por no tener una casa que poner en garantía.
Es la explicación que casi todos pensamos, y los datos dicen otra cosa.
El Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes les preguntaron a las MIPYMES a las que un banco les rechazó un préstamo por qué creen que fue. La razón más mencionada, con 30.5%, es que no les dieron ninguna explicación. Después viene, con 29.9%, no poseer crédito, que en el lenguaje bancario dominicano significa no tener historial. Y con 13.9%, no poder demostrar sus ingresos. La falta de garantías la menciona el 18.2%, bastante menos que cualquiera de las dos anteriores. Léalo despacio, porque cambia el problema. En la mayoría de estos casos el banco no dijo que no porque considerara insolvente a la empresa. Dijo que no porque no pudo verificar nada sobre ella. Y un problema de información se resuelve de manera muy distinta a un problema de garantía.
El origen está en algo tan cotidiano que dejamos de verlo. La misma encuesta encontró que el 92.7% de las MIPYMES dominicanas usa el efectivo como principal medio de pago en sus operaciones. Una venta en efectivo que no deja comprobante no existe para nadie más que para quien la hizo. No aparece en un estado de cuenta, no construye historial, no se puede auditar ni presentar a nadie. Doña Ana puede vender bien durante catorce años y, al cabo de esos catorce años, seguir sin poder demostrarlo.
La invisibilidad tiene precio. Según la Superintendencia de Bancos, en abril de este año una microempresa pagaba en promedio 15.3% de interés, mientras el resto de la cartera comercial pagaba 9.0%. La diferencia no mide únicamente riesgo real: mide también desconocimiento. Cuando una entidad no puede distinguir entre el negocio que cumple y el que no, le cobra a todos como si fueran el segundo.
Aquí es donde la historia se pone interesante, desde el 2023 la DGII impulsa una transformación digital que hasta el momento solo se visualiza como una obligación tributaria, y lo es. Pero visto desde el mostrador de ese colmado es otra cosa: por primera vez, cientos de miles de operaciones pequeñas están dejando un rastro verificable, con fecha, monto y contraparte. Es exactamente la historia que el banco echaba de menos.
Y esa factura no sirve para una sola cosa, sirve para dos. La primera es la historia: cada comprobante va formando un registro de ventas verificable que una entidad financiera puede leer para estimar riesgo sin pedir una casa en garantía. Es lo que necesita Doña Ana, que vende al detalle y cobra en efectivo. La segunda es el activo: cuando una empresa le vende a crédito a otra, esa factura por cobrar es dinero ya ganado que todavía no ha llegado, y convertirla en un título que se pueda vender es lo que el mercado llama factoring. Aquí está lo que lo cambia todo para la empresa pequeña: en el factoring, el riesgo que se evalúa no es el suyo, es el de quien le debe.
Ya hay mas de 2 mil millones de registros verificables en la administración tributaria, cumple su función fiscal y ahí se queda. En otros países evolucionó. Perú convirtió la factura electrónica en título de valor en 2015 y diez años después las micro y pequeñas empresas son el 82% de los proveedores que se financian por esa vía. Chile lo había hecho en 2004.
En un intercambio de experiencias, siendo gerente de facturación de la DGII, visité la administración tributaria colombiana y conocí el RADIAN, el sistema donde se registran las facturas para convertirlas en título de valor, y definitivamente, es una innovación que permite organizar el mercado de las facturas y a la vez es un mecanismo que le facilita a pequeñas empresas acceder a un financiamiento que de otra manera no podrían lograr.
La experiencia regional muestra dos caminos, y los dos funcionan: registros operados por la propia administración tributaria y registros operados por terceros del mercado de valores. Lo que no funciona es no tener ninguno.
Doña Ana lleva catorce años construyendo una historia que nadie ha querido leer. Este año, por fin, tendrá el mecanismo de escribirla en un idioma que el banco entiende.
Fuentes de los datos citados, todas públicas: Encuesta Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (ENMIPYMES) 2022-2023, Banco Central y MICM, informe de junio de 2024, secciones I.2.4.3, I.2.4.4 y I.2.4.5 (motivos de rechazo de crédito, medios de pago, cuenta bancaria del negocio); Superintendencia de Bancos, informe de financiamiento a las MIPYMES de abril de 2026 (tasas de interés por tamaño); Dirección General de Impuestos Internos, agosto de 2026 (emisores, comprobantes recibidos, Facturador Gratuito y plazo del 15 de noviembre); CAVALI, Perú (participación de micro y pequeñas empresas en el factoring de facturas electrónicas); Servicio de Impuestos Internos de Chile (Ley 19.983 de 2004); Colombia, Decreto 1154 de 2020 y Resolución DIAN 000085 de 2022 (creación y operación del RADIAN), memoria justificativa del proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del 23 de enero de 2026 (reconocimiento oficial del desfase normativo), y ASOFACE, 2026 (mipymes habilitadas en RADIAN).
