El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia una sentencia que le ordena pagar US$5 millones al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral, en una disputa por terrenos de Herrera vinculada al antiguo aeropuerto de esa zona.
La institución reaccionó este miércoles a las informaciones publicadas sobre el fallo y sostuvo que estas presentan una «visión incompleta» de la situación jurídica, dado que el proceso no ha concluido de forma definitiva. El litigio afecta directamente los intereses patrimoniales del BCRD y, por extensión, los del Estado dominicano, que fue la parte que originó las operaciones cuestionadas.
El fallo y los recursos disponibles
La sentencia fue dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Según el Banco Central, el expediente puede llegar nuevamente a la Suprema Corte de Justicia, instancia que deberá conocer y resolver los recursos que sean interpuestos. El caso ha transitado durante años por distintas jurisdicciones, incluido el Tribunal Superior de Tierras, y ha sido objeto previamente de recursos de casación.
El BCRD afirmó que respeta las decisiones de los tribunales y el debido proceso, pero dejó establecido que ejercerá los recursos legales que considere necesarios para defender tanto sus intereses como los del Estado dominicano. La entidad indicó además que continuará depositando ante las instancias judiciales los documentos y argumentos jurídicos con los que busca demostrar las circunstancias en que se realizaron las operaciones que dieron origen al litigio.
Origen de la disputa: terrenos de Herrera y la Autopista Duarte
El Banco Central explicó que el conflicto tiene sus antecedentes en operaciones realizadas a partir de 1999 para pagar acreencias de contratistas del Estado vinculadas a la ampliación de la Autopista Duarte. Como parte de ese proceso, el BCRD entregó terrenos de su propiedad ubicados en Herrera a esos contratistas, mediante la figura de dación en pago —mecanismo mediante el cual un deudor salda una obligación entregando un bien en lugar de dinero— y por cuenta del Estado dominicano.
La operación, según la institución, se realizó a requerimiento del Poder Ejecutivo y con autorización previa de la Junta Monetaria, y estuvo vinculada a un contrato de permuta suscrito el 18 de octubre de 1999 entre el BCRD y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), posteriormente aprobado por el Congreso Nacional. En virtud de ese acuerdo, el CEA se comprometió a entregar al Banco Central terrenos situados en San José de los Llanos, provincia San Pedro de Macorís, como contraprestación por los inmuebles de Herrera transferidos a los contratistas.
BCRD rechaza actuación ilegal
El Banco Central rechazó que su participación en esas operaciones pueda interpretarse como una apropiación ilegal de terrenos o como una actuación destinada a perjudicar a los contratistas. «La institución ha actuado en todo momento en el marco de sus competencias legales y en cumplimiento de las responsabilidades que le fueron asignadas», sostiene el comunicado oficial.
La próxima estación del caso será la Suprema Corte de Justicia, donde el BCRD deberá argumentar que las transferencias de terrenos respondieron a un mandato del Ejecutivo y contaron con el respaldo de la Junta Monetaria, el órgano rector de la política monetaria y cambiaria del país. El resultado de esa instancia definirá si la obligación de pago de los US$5 millones queda en firme o es anulada.
