Meta Platforms acordó pagar un máximo de US$16,680 millones para resolver las demandas por adicción de menores que varios estados de Estados Unidos interpusieron contra la compañía, alegando que diseñó Facebook e Instagram para enganchar a usuarios jóvenes, engañó a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y recopiló datos personales de niños sin autorización.
El acuerdo pone fin al juicio federal que se ventilaba en una corte de Oakland, California, y que se había convertido en uno de los procesos más emblemáticos contra las redes sociales por su impacto en la salud mental juvenil. Para los anunciantes, las plataformas y los reguladores de América Latina —donde Meta opera con cientos de millones de usuarios activos, incluidos menores—, el precedente fija un nuevo piso de responsabilidad legal para las grandes tecnológicas.
Los términos del acuerdo
El pacto resuelve las demandas presentadas por 29 estados y cierra también los litigios de California, Illinois, Nuevo México y Washington D.C. vinculados al escándalo de Cambridge Analytica, la consultora que extrajo datos personales de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. Esos cuatro estados recibirán de forma separada US$459.3 millones para zanjar esas reclamaciones de privacidad.
Además del pago monetario, Meta deberá introducir cambios operativos en sus plataformas: impondrá límites de uso diario para menores, restringirá el acceso nocturno a Facebook e Instagram por parte de usuarios jóvenes y reforzará los filtros que bloquean el acceso a contenido con restricción de edad, según los términos del acuerdo.
Meta negó haber cometido irregularidades al aceptar el arreglo, postura estándar en este tipo de pactos extrajudiciales. La empresa ha sostenido de forma consistente que la «adicción a las redes sociales» no constituye un trastorno psiquiátrico reconocido, y que por lo tanto no podía haber inducido a error a los consumidores sobre el carácter adictivo de sus servicios.
El contexto del litigio
El juicio había arrancado el 18 de agosto en la corte federal de Oakland e incluía demandas de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey por presuntas infracciones a las leyes estatales de protección al consumidor. También abarcaba acusaciones de 29 estados que señalaban que Meta violó la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA, por sus siglas en inglés), al recopilar datos de menores sabiendo su edad, sin notificar ni obtener el consentimiento de sus padres, y al usar esa información para entrenar modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa.
Antes del inicio del juicio, Meta advirtió que los cuatro estados demandantes —California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey— reclamaban sanciones de hasta US$1.4 billones; los propios estados estimaban que la cifra real rondaría los US$200,000 millones. El acuerdo alcanzado representa una fracción de esas cifras, aunque constituye uno de los mayores pagos de la historia del sector tecnológico en materia de protección infantil.
El caso forma parte de una oleada más amplia de litigios que involucra a estados, gobiernos locales, distritos escolares y demandantes individuales, todos alegando que Meta y otras plataformas de redes sociales han agravado una crisis nacional de salud mental entre los jóvenes en Estados Unidos. Las acciones de Meta subían un 2.3% en las primeras operaciones bursátiles tras conocerse el acuerdo, señal de que el mercado interpretó el arreglo como una remoción de la mayor incertidumbre legal que pesaba sobre la compañía. Los inversores y analistas seguirán de cerca si otros estados —y eventualmente reguladores fuera de EE.UU.— toman este precedente como punto de partida para nuevas acciones legales contra Meta y sus competidores.
