En las últimas horas, el mundo ha visto con asombro las imágenes que llegan desde Ceuta. Más de 60.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia el enclave español en apenas 48 horas, según cifras del Ministerio del Interior de España. Al menos 38 personas han muerto en el intento, la mayoría ahogadas mientras trataban de bordear a nado el espigón de El Tarajal. Una ciudad de poco más de 83.000 habitantes se ha visto desbordada en cuestión de horas con centros de acogida colapsados, calles tomadas por miles de recién llegados, el Ejército y la Guardia Civil desplegados para contener lo que las propias autoridades españolas han calificado como la mayor crisis migratoria de su historia reciente.
La onda expansiva ya cruzó fronteras. Italia ha estudiado —y en algún momento llegó a anunciar— la suspensión de los acuerdos de libre circulación de Schengen con España, con el respaldo de Finlandia, mientras Francia refuerza sus controles fronterizos. Es decir, un país europeo está dispuesto a aislar a otro socio comunitario porque no logró contener a tiempo una presión migratoria que se veía venir desde hacía años. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lo dijo sin rodeos, dejando claro que la inmigración irregular y descontrolada es, a sus ojos, una amenaza directa a la seguridad de las fronteras europeas.
Vale la pena detenerse en esa frase, no por lo que dice de España, sino por lo que debería decirnos a nosotros, los dominicanos.
Un espejo incómodo, pero necesario
No se trata de equiparar a Ceuta con la frontera domínico-haitiana en cada detalle, pues las historias, las causas inmediatas y los contextos diplomáticos y sociales son distintos. Pero el patrón de fondo es el mismo, y es ese patrón el que debería quitarnos el sueño. Cuando un país vecino atraviesa un colapso económico, alimentario o de seguridad sostenido, la presión migratoria no se anuncia con un memorando, se manifiesta de golpe, en oleadas que ningún operativo improvisado logra contener.
Haití vive, desde hace años, una crisis multidimensional que combina el control territorial de bandas armadas sobre buena parte de Puerto Príncipe, la corrupción administrativa, el desplome de instituciones estatales básicas, la inseguridad alimentaria que, según organismos internacionales, afecta a una porción muy significativa de su población, y un sistema de salud al borde del colapso. Es una tragedia humana que merece toda nuestra solidaridad como pueblo hermano. Pero la solidaridad no puede ser el único marco desde el cual el Estado dominicano piensa este problema. La solidaridad se ejerce con orden, con planificación y con capacidad de respuesta; sin esos tres elementos, se convierte en improvisación forzada, y la improvisación forzada es exactamente lo que hoy vemos desbordado en las calles de Ceuta.
Lo que República Dominicana tiene en juego
La pregunta que las autoridades dominicanas deberían estarse haciendo no es si existe un riesgo, sino qué tan preparados estamos si ese riesgo se materializa con la intensidad que vimos esta semana en el sur de España.
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Economía. República Dominicana sostiene su crecimiento en buena medida gracias a las políticas públicas para la promoción del turismo, la inversión extranjera y a una imagen de estabilidad relativa en la región. Una crisis migratoria mal gestionada —con su correlato de percepción de inseguridad, presión sobre servicios públicos y eventual tensión diplomática— tiene un costo económico que no es abstracto: se traduce en cancelaciones de viajes, en advertencias de cancillerías extranjeras y en presión sobre las finanzas públicas nacionales destinadas a la atención humanitaria de emergencia, recursos que compiten directamente con inversión social para los propios dominicanos.
Sistema sanitario. El sistema de salud dominicano ya opera bajo presión estructural en varias provincias fronterizas, donde la mayoría de los partos realizados se corresponden a nacionales extranjeras indocumentadas. Una entrada masiva y no planificada de personas en situación de vulnerabilidad extrema —en la mayoría de las veces sin acceso previo a atención médica, vacunación o controles epidemiológicos— no es un escenario hipotético, es exactamente lo que las autoridades sanitarias españolas están enfrentando hoy en Ceuta, con centros de acogida improvisados que no dan abasto.
Seguridad ciudadana. Ningún país gestiona bien una crisis de este tipo cuando le llega sin plan. La proliferación de redes de tráfico de personas, la vulnerabilidad de miles de personas —muchas de ellas niños— ante el crimen organizado, y la tensión social que genera la percepción de descontrol institucional son riesgos reales, documentados en cada episodio migratorio masivo que el mundo ha presenciado en la última década, desde el Mediterráneo hasta la frontera sur de Estados Unidos.
La diferencia entre reaccionar y prevenir
Lo más revelador del caso Ceuta no es que España haya sido sorprendida por una oleada migratoria —las tensiones con Marruecos y las señales de alerta llevaban meses acumulándose—, sino que, pese a esas señales, careció de un plan de contingencia capaz de absorber el impacto sin colapsar. Esa es la lección que República Dominicana no puede permitirse ignorar.
No hablamos de improvisar controles de última hora ni de respuestas que solo generan titulares. Hablamos de política de Estado, protocolos binacionales claros con Haití y con la comunidad internacional, coordinación efectiva entre las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Migración y los organismos de salud pública, capacidad logística previamente diseñada para escenarios de flujo masivo, y una estrategia diplomática activa que involucre a la comunidad internacional en la estabilización de Haití, porque ninguna frontera, por bien vigilada que esté, resuelve por sí sola una crisis humanitaria de la magnitud que vive nuestro vecino.
La pregunta no es si Haití puede generar una oleada migratoria comparable a la de Ceuta. La pregunta es si, cuando eso ocurra —o se intensifique más allá de lo que ya vivimos—, República Dominicana estará del lado de los países que previeron el escenario, o del lado de los que tuvieron que desplegar el Ejército en las calles porque nadie quiso mirar la advertencia a tiempo.
Ceuta no es un problema español. Es un recordatorio de lo que le pasa a cualquier nación que confunde la esperanza de que «no va a pasar aquí» con una política migratoria y de seguridad seria. República Dominicana todavía está a tiempo de no repetir esa historia. Ojalá que el liderazgo político nacional, empresarial y hasta el eclesiástico se una en la dirección de garantizar nuestra integridad territorial, modo de vida y soberanía.
