El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) pidió extender el plazo de entrada en vigencia del Código Penal, tras depositar ayer en la Cámara de Diputados sus observaciones a la Ley 74-25, que instituye el nuevo texto. El gremio empresarial estima que las propuestas facilitarían una implementación efectiva sin vulnerar derechos.
“Reiteramos la conveniencia de ampliar el período de entrada en vigencia, lo que permitiría garantizar una revisión exhaustiva de las modificaciones y la correcta preparación para el cumplimiento e implementación de una reforma tan importante”, señaló la entidad que preside el empresario Celso Juan Marranzini en un comunicado.
La Ley 74-25 debía entrar en vigencia el 3 de agosto próximo, tras su promulgación por el Poder Ejecutivo en agosto de 2025. La pieza sustituiría al antiguo código de 1884, vigente por más de un siglo.
El Conep explicó que el documento entregado en el Congreso Nacional es el resultado de un amplio proceso de consulta con organizaciones empresariales, empresas de distintos sectores, abogados y especialistas, por lo que refleja el consenso predominante del sector privado.
La organización precisó que las observaciones buscan dotar de coherencia, reforzar la seguridad jurídica y facilitar una aplicación efectiva de la reforma, sin disminuir la responsabilidad de quienes cometan las infracciones señaladas en la pieza.
Como parte del proceso, el gremio puso a disposición del Congreso una matriz técnica con propuestas de redacción y recomendaciones artículo por artículo. Entre los temas abordados figuran la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del personal médico, la libertad de expresión, y nuevos tipos penales vinculados a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las estafas piramidales.
El Conep valoró la apertura del Congreso Nacional y reiteró su disposición de seguir colaborando con la Comisión Bicameral Especial, con el argumento de que el diálogo técnico y la participación de los distintos sectores fortalecen una legislación moderna, equilibrada y aplicable.
El proyecto de modificación del Código Penal llevaba más de 20 años en el Congreso Nacional pendiente de aprobación, por diversas razones. Sin embargo, tras su aprobación y promulgación, varios sectores se oponen a su entrada en vigencia tal como fue aprobado, entre ellos representantes de medios de comunicación alternativos y médicos, que estiman vulnerados sus derechos.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) también solicitó retrasar la entrada en vigencia. Considera insuficiente el tiempo que resta para corregir irregularidades, artículos con posibles vicios de inconstitucionalidad y duplicidades señaladas por distintos sectores.
Por su parte, el Colegio Médico Dominicano (CMD) rechazó varios artículos e interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, con el fin de evitar la criminalización de la práctica médica y la “medicina defensiva”. Los artículos cuestionados son el 354, 8, 9 y 12, que, según la entidad, “discriminan” a los profesionales de la salud al duplicar las penas de prisión.
