El caso de no ha lugar Raúl Rizik Yeb quedó definitivamente cerrado luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazara el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público y confirmara íntegramente la decisión que favorecía al empresario.
La Segunda Sala de la SCJ, actuando como Corte de Casación, emitió la sentencia núm. SCJ-SS-26-0543, con fecha del 30 de abril de 2026. En ella rechazó el recurso presentado contra la resolución penal núm. 502-01-2025-SRES-00266, emitida previamente por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La decisión consolida el criterio adoptado en las instancias anteriores sobre insuficiencia probatoria para sostener una acusación penal contra Raúl Rizik Yeb.
No Ha Lugar Raúl Rizik Yeb Queda Definitivamente Confirmado
Con el rechazo del recurso de casación, el proceso penal queda cerrado en las tres instancias del sistema judicial dominicano: primera instancia, apelación y casación.
La SCJ confirmó el auto de “no ha lugar” que había sido dictado inicialmente por la jueza Franchesca Potentini, quien entendió que las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la querellante Alexandra Mejía Arcalá no eran suficientes para justificar la apertura a juicio.
Posteriormente, en agosto de 2025, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó los recursos de apelación y mantuvo la misma línea jurídica.
Ahora, con la decisión de la Suprema, se ordena además el levantamiento de las medidas de coerción y de la ficha impuesta en el marco de este expediente.
En términos procesales, la sentencia implica que no habrá juicio de fondo ni posibilidad ordinaria de reabrir el caso por los mismos hechos.
SCJ Reitera Criterio Sobre Insuficiencia Probatoria
La Suprema Corte sostuvo que la Corte de Apelación actuó conforme al derecho y emitió una decisión debidamente motivada.
El tribunal recordó que el proceso penal dominicano se rige por el principio de libertad probatoria, aunque enfatizó que las pruebas deben ser idóneas y suficientes para sustentar razonablemente una eventual condena.
Según el criterio de la SCJ, las evidencias presentadas en este caso no alcanzaban siquiera el estándar requerido para justificar la apertura de un juicio penal.
Impacto Jurídico Y Empresarial Del Caso
La decisión también reabre el debate sobre los efectos reputacionales y empresariales de procesos penales prolongados contra figuras del sector privado que posteriormente concluyen con decisiones de “no ha lugar”.
En entornos corporativos y financieros, este tipo de procesos puede afectar acceso a crédito, relaciones comerciales, reputación institucional y estabilidad operativa, incluso antes de una sentencia definitiva.
El caso también vuelve a colocar sobre la mesa la discusión sobre seguridad jurídica y estándares probatorios dentro del sistema penal dominicano, particularmente en expedientes de alta exposición pública.
La sentencia de la SCJ cierra así uno de los procesos judiciales más seguidos en los últimos años alrededor de un empresario dominicano de alto perfil.
