DIARIO FINANCIERO.- El 18 de marzo de 2023, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por Wilson Camacho, ejecutó el operativo Calamar. Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, amaneció ese día convertido en el rostro de lo que el Ministerio Público presentó como el mayor esquema de corrupción administrativa de los últimos años: un presunto desfalco de más de RD$21,000 millones canalizados a través de contratos simulados y empresas de carpeta.
Lo que siguió durante los tres años siguientes no fue únicamente un proceso judicial. Fue, en sus efectos prácticos, una campaña de destrucción política y económica sostenida mediante el uso del sistema de justicia penal como instrumento de presión.
El arresto domiciliario como primer golpe
El 4 de abril de 2023, la jueza Kenya Romero, de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó las primeras medidas de coerción. A sus excompañeros de gabinete Donald Guerrero y José Ramón Peralta les impuso 18 meses de prisión preventiva. A Gonzalo Castillo, en cambio, le reservó una medida distinta pero igualmente devastadora: arresto domiciliario, garantía económica de RD$20 millones e impedimento de salida del país.
Durante nueve meses, Castillo quedó confinado en su residencia. No podía gestionar sus negocios con normalidad, no podía viajar, no podía reunirse libremente. Las consecuencias económicas no tardaron en hacerse sentir. Fuentes cercanas al empresario confirmaron que durante ese período se vio obligado a vender activos y empresas, que le fueron negadas líneas de crédito bancario y que la incertidumbre jurídica generó una espiral de asfixia financiera que se extendió durante todo el proceso.
Solo el 21 de diciembre de 2023 el Segundo Juzgado de la Instrucción acogió el recurso presentado por su abogado Luis Rivas y eliminó el arresto domiciliario. Pero el impedimento de salida y la garantía económica permanecieron activos.
La acusación: 3,662 páginas y 46 acusados
El 25 de abril de 2024, el procurador adjunto Wilson Camacho depositó el escrito acusatorio formal: 3,662 páginas y 46 imputados, entre personas físicas y jurídicas. Los cargos incluían asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.
La magnitud del expediente, sin embargo, no estaba respaldada por una solidez probatoria equivalente en lo que respecta a Castillo. Ese vacío, que la jueza Altagracia Ramírez terminaría reconociendo en una sentencia de 3,408 páginas más de dos años después, era la grieta central de todo el edificio acusatorio levantado en su contra.
Diecinueve aplazamientos: la dilación como parte del castigo
La audiencia preliminar no comenzó sino hasta el 17 de junio de 2024 y fue aplazada de inmediato cuando una de las imputadas presentó un certificado médico. Lo que siguió fue una racha de 19 aplazamientos acumulados que se extendió hasta finales de 2025. Licencias médicas, recusaciones a la jueza Ramírez, solicitudes de las defensas y fallas en las notificaciones se encadenaron en un proceso que el propio Ministerio Público denunció como tácticas dilatorias —aunque él mismo había contribuido a la complejidad del caso con un expediente de más de tres mil páginas.
La paradoja del proceso era evidente: mientras el MP denunciaba las dilaciones, Gonzalo Castillo seguía siendo imputado, seguía bajo impedimento de salida, y cada aplazamiento era un mes más de incertidumbre jurídica, un mes más de puertas cerradas en el sistema financiero.
El fallo del 29 de mayo de 2026
A las 8:00 de la noche del 29 de mayo de 2026, con más de tres horas de retraso, la jueza Altagracia Ramírez subió al estrado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Leyó el dispositivo de una sentencia de 3,408 páginas que determinó algo que muchos juristas señalaron desde el principio: las pruebas presentadas por el Ministerio Público contra Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta eran insuficientes para enviarlos a juicio de fondo.
El auto de no ha lugar fue un reconocimiento implícito de lo que el expediente no pudo demostrar: que Castillo era parte del esquema criminal. En contraste, 35 de los 40 acusados restantes sí fueron enviados a juicio, incluyendo al exministro de Hacienda Donald Guerrero, señalado por la propia jueza como figura central de la estructura.
La respuesta del MP fue inmediata. Wilson Camacho anunció que apelaría los autos de no ha lugar, alegando que la jueza incurrió en «contradicción y errónea apreciación de la prueba». Una respuesta que, para los críticos del proceso, confirmaba la narrativa: el sistema no estaba dispuesto a soltar a Castillo tan fácilmente.
El costo real: tres años de destrucción silenciosa
Lo que la sentencia no puede resarcir es el daño acumulado durante 1,168 días. Tres años en los que Gonzalo Castillo vendió empresas, vio negados préstamos, operó con el estigma de imputado en el caso penal más mediático del país y fue efectivamente neutralizado como actor político y económico relevante.
El lawfare —término que designa el uso del sistema legal como arma política— no requiere condena para ser efectivo. Su eficacia reside precisamente en el proceso: en las medidas de coerción que restringen la libertad antes de probar culpabilidad, en el volumen procesal que agota recursos y tiempo, en el estigma mediático que precede al fallo. En ese sentido, la Operación Calamar, al menos en lo que respecta a Gonzalo Castillo, cumplió su función mucho antes de que la jueza Ramírez leyera su dispositivo.
El «no ha lugar» llegó más de mil días después dejando una interrogante ¿Quien repara el daño moral y económico de un proceso que su único fin parecía político y no de justicia?
