El Senado de la República aprobó este miércoles el proyecto que modifica la Ley núm. 33-18, del 13 de agosto de 2018, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el objetivo de cerrar las puertas al dinero ilícito dentro de la política dominicana y elevar los estándares de transparencia en el financiamiento de las organizaciones partidarias.
La reforma llega en un momento sensible para la institucionalidad financiera del país, presionada por las exigencias del GAFILAT y por las evaluaciones internacionales sobre prevención de lavado de activos. La señal política del Senado apunta a alinear el sistema de partidos con los estándares que ya rigen para bancos, fiduciarias y operadores del mercado de valores.
Qué cambia la nueva ley
El texto aprobado modifica varios artículos de la Ley 33-18 y ordena la incorporación de mecanismos de debida diligencia en los procesos internos de los partidos. Entre los cambios principales figuran:
- Requisitos de integridad para la escogencia de candidaturas y autoridades partidarias.
- Ampliación de las facultades de supervisión de la Junta Central Electoral (JCE) sobre las organizaciones políticas.
- Bloqueo del ingreso de fondos provenientes de actividades ilícitas al financiamiento político.
- Creación de unidades y programas de cumplimiento (compliance) en el interior de cada partido.
- Régimen de consecuencias frente a violaciones, con respeto al debido proceso y al principio de autorregulación partidaria.
El ángulo financiero: compliance llega a la política
La obligación de instalar unidades de cumplimiento dentro de los partidos marca un giro relevante. Hasta ahora, el deber de identificar el origen de los fondos y reportar operaciones sospechosas recae principalmente en los sujetos obligados del sistema financiero —bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, casas de cambio y operadores del mercado de valores—. Con la reforma, los partidos asumen un estándar similar al exigido por la Ley 155-17 contra el lavado de activos.
Para el ecosistema financiero local, la medida reduce un riesgo reputacional importante: el de servir, sin saberlo, como canal de fondos políticos de origen dudoso. También implica un costo operativo adicional para las organizaciones partidarias, que deberán estructurar áreas de cumplimiento, capacitar personal y mantener registros auditables.
Más poder para la JCE
La ampliación de las facultades de la Junta Central Electoral coloca al organismo en una posición más activa de fiscalización. La JCE tendrá herramientas adicionales para auditar finanzas internas, revisar procesos de selección de candidatos y aplicar el régimen de consecuencias previsto en la reforma. Queda pendiente el reglamento de aplicación, que definirá plazos, umbrales y procedimientos específicos.
Próximos pasos
El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá surtir un proceso similar antes de ser remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. La discusión en la cámara baja será clave: ahí se definirá el alcance final del régimen sancionador y la articulación con la Ley 155-17 y las normativas de la Superintendencia de Bancos.
Con esta reforma, el Senado busca recomponer la confianza ciudadana en las instituciones políticas y, de paso, blindar a la República Dominicana frente a observaciones internacionales sobre integridad del financiamiento político, un capítulo cada vez más vinculado a las calificaciones de riesgo soberano y a la percepción de los inversionistas.
