Colombia.- La investigación contra Gustavo Petro comenzó luego de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abriera un proceso penal de oficio por presunta intervención en política a pocos días de las elecciones presidenciales.
La Apertura De La Investigación Y Sus Bases Legales
La carta, dirigida al secretario de la Comisión, Jairo Fabián Corzo Ordóñez, establece que la actuación se fundamenta en el artículo 422 del Código Penal colombiano, que tipifica el delito de intervención en política. Asimismo, la decisión se apoya en las facultades conferidas por la Ley 600 de 2000 y la Ley Quinta de 1992. La legislación colombiana prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades electorales o intervenir en controversias de esa naturaleza, con la única excepción del ejercicio del voto. La apertura de la investigación ocurrió después de que distintos sectores políticos y organismos de control expresaran su malestar ante los mensajes publicados por el jefe de Estado en apoyo al candidato oficialista, calificados por los críticos como una injerencia directa en el proceso electoral.
El Fuero Constitucional Y El Rol Del Senado
El presidente de Colombia goza de fuero constitucional, lo que impide que sea investigado o juzgado por la justicia ordinaria mientras se encuentre en ejercicio del cargo. La Constitución dispone que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es el órgano competente para recibir e investigar las denuncias contra el jefe de Estado por posibles delitos o faltas disciplinarias. De acuerdo con medios locales, la Comisión acumula cerca de una docena de denuncias vinculadas con la presunta participación indebida en política de Gustavo Petro. Si la Comisión encuentra méritos suficientes, deberá presentar una acusación formal ante el Senado, que actúa como juez político en este tipo de procesos.
El procurador general, Gregorio Eljach, solicitó a la Comisión de Acusación un informe detallado sobre las denuncias y quejas radicadas contra el mandatario. La Procuraduría —también conocida como Ministerio Público— indicó que ejercerá funciones de seguimiento y vigilancia institucional sobre el trámite de dichas actuaciones. Este tipo de procesos políticos en Colombia, si bien están contemplados en el ordenamiento jurídico, históricamente no han prosperado hasta sus últimas consecuencias.
