La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ya está generando efectos económicos globales comparables a grandes crisis energéticas recientes. Con el petróleo Brent acercándose a los US$120 por barril y la gasolina disparándose en múltiples mercados, gobiernos de Europa, América Latina y Asia comenzaron a aplicar rebajas fiscales, subsidios y racionamiento para contener el impacto político y social del alza energética.
El shock también reabre preguntas para República Dominicana, una economía altamente dependiente de importaciones petroleras y particularmente vulnerable a aumentos sostenidos en los costos del transporte y la generación eléctrica.
El estrecho de Ormuz vuelve al centro del riesgo energético
El detonante de la crisis ha sido la interrupción parcial del tránsito energético en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el comercio de petróleo.
Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, el Brent acumula un incremento superior al 55%, mientras el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos superó los US$4.50 por galón, según datos de AAA. El Banco Mundial proyectó a finales de abril que los precios globales de la energía aumentarán 24% este año, el mayor salto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.
La reacción de los gobiernos ha sido rápida: reducir impuestos para evitar un traslado total del alza internacional al consumidor.
Europa activa recortes fiscales para contener inflación
Alemania aprobó una reducción temporal de impuestos sobre gasolina y diésel equivalente a unos 17 céntimos de euro por litro durante dos meses. El paquete incluye además bonificaciones salariales libres de impuestos de hasta 1,000 euros para trabajadores.
España lanzó un programa de 5,000 millones de euros que reduce el IVA de combustibles, electricidad y gas natural del 21% al 10%. El gobierno estima que la medida podría disminuir el precio de la gasolina en alrededor de 30 céntimos por litro.
Polonia adoptó una estrategia más agresiva al reducir el IVA sobre combustibles desde 23% hasta 8% e imponer topes diarios de precios administrados por el Ministerio de Energía. Eslovenia, en cambio, se convirtió en el primer país de la Unión Europea en introducir racionamiento, limitando a conductores particulares a 50 litros diarios.
El Reino Unido y Canadá también discuten extensiones o ampliaciones de alivios tributarios ya existentes.
Economías emergentes enfrentan mayor presión fiscal
En países en desarrollo, el problema es más complejo: subsidiar combustibles puede aliviar tensiones sociales, pero deteriora rápidamente las finanzas públicas.
Sri Lanka reactivó un sistema nacional de racionamiento mediante códigos QR que limita la compra semanal de combustibles. Bangladesh implementó restricciones temporales para contener compras masivas por pánico.
Brasil optó por subsidios directos a productores e importadores de gasolina y diésel por hasta 2,900 millones de reales mensuales, luego de que un recorte de impuestos quedara bloqueado en el Congreso.
Ecuador mantiene operativo su sistema de bandas de precios, que limita el aumento mensual del combustible al consumidor a 5%. Sin embargo, la diferencia entre los precios internacionales y el techo interno ya obliga al Estado a absorber cerca de US$160 millones mensuales solo en subsidios al diésel.
Qué significa para República Dominicana
República Dominicana enfrenta un riesgo inmediato: presión sobre inflación, subsidios eléctricos y costos de transporte.
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Aunque el gobierno dominicano ha utilizado históricamente mecanismos de subsidio para amortiguar aumentos de combustibles, un petróleo cercano a US$120 por barril elevaría significativamente el costo fiscal de mantener congelados algunos derivados.
Además, el sistema eléctrico dominicano depende en parte de generación térmica vinculada a combustibles importados. Un alza prolongada del crudo podría incrementar transferencias al sector eléctrico y presionar las cuentas fiscales.
El impacto también alcanzaría sectores sensibles como aviación, turismo, logística y alimentos. En una economía donde buena parte de los bienes se transporta por carretera, el combustible actúa como multiplicador de costos.
El riesgo político de la energía cara
La respuesta internacional confirma que el combustible sigue siendo un asunto político además de económico.
Los gobiernos intentan evitar que el aumento energético se traduzca en protestas sociales, caída del consumo y deterioro del crecimiento. Pero subsidiar precios durante mucho tiempo también implica más deuda, mayor presión presupuestaria y menor espacio fiscal.
Para economías importadoras como República Dominicana, la duración del conflicto en Medio Oriente será tan importante como el nivel actual del petróleo. Si la disrupción en Ormuz se prolonga, el costo energético global podría mantenerse elevado durante el resto del año.
La crisis vuelve a demostrar que la seguridad energética y la estabilidad geopolítica siguen siendo variables centrales para inflación, crecimiento y sostenibilidad fiscal.
