DIARIO FINANCIERO. – El Gobierno dominicano anunció un paquete de medidas de contención y eficientización del gasto público para generar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones, en medio del impacto económico provocado por la crisis en Medio Oriente y el aumento de los precios internacionales del petróleo.
Las disposiciones fueron definidas durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en el Palacio Nacional.
El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó que la estrategia parte de un principio central: respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contrato. Sin embargo, las partidas presupuestarias no comprometidas serán revisadas, ajustadas o reducidas conforme a las prioridades nacionales.
La decisión marca un giro hacia una política fiscal más defensiva. El objetivo es posponer gastos no prioritarios, preservar margen de maniobra presupuestaria y reforzar la capacidad de respuesta del Estado ante un choque externo.
Entre las medidas anunciadas figuran la reducción de gastos operativos, la limitación en la compra de vehículos y la racionalización de servicios, contrataciones, combustible y publicidad.
La restricción en la adquisición de vehículos tendrá excepciones en áreas consideradas prioritarias, como asistencia socialy seguridad alimentaria.
También se dispuso disminuir mantenimientos menores, limitar eventos a costos mínimos y ajustar gastos en viáticos, pasajes, textiles y vestuario.
Uno de los puntos de mayor impacto político es la reducción en 50 % del presupuesto destinado a los partidos políticos. La medida forma parte del esfuerzo oficial por ampliar el espacio fiscal en un contexto de mayor presión económica.
El Gobierno también reducirá transferencias hacia entidades públicas con capacidad de generar ingresos propios. Esta decisión busca concentrar recursos en áreas de mayor prioridad social y económica.
Presión Por El Alza Del Petróleo
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que la República Dominicana enfrenta un choque externo cuyo principal canal de transmisión es el aumento del petróleo.
Según Paliza, cada incremento sostenido de US$10 por barril representa aproximadamente US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país. Ese aumento eleva la presión fiscal y encarece el costo de los subsidios.
El dato es relevante para una economía importadora neta de combustibles. Un petróleo más caro no solo presiona las finanzas públicas. También puede incidir en transporte, electricidad, alimentos, insumos agropecuarios y costos logísticos.
Aunque el Gobierno asegura que el país ha logrado contener mejor el impacto frente a otras economías de la región, reconoce que esa contención tiene un costo fiscal considerable.
En términos prácticos, el Estado enfrenta una doble presión: evitar que el alza internacional se traslade de golpe al consumidor y, al mismo tiempo, proteger la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Tres Ejes De La Estrategia Económica
El ministro de Hacienda, Magín Díaz, afirmó que el país enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, debido al incremento superior al 80 % en el precio del petróleo.
Díaz explicó que la estrategia oficial se concentra en tres ejes: preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; mitigar el impacto sobre alimentos, canasta básica e insumos agropecuarios; y sostener la inversión pública.
El mensaje del Gobierno busca transmitir disciplina fiscal sin detener completamente la inversión estatal. Esa combinación será clave para evitar una desaceleración mayor en sectores vinculados a infraestructura, construcción y servicios.
Díaz sostuvo que el país cuenta con amortiguadores importantes, entre ellos reservas internacionales superiores a US$16,000 millones, estabilidad cambiaria, crecimiento económico y programas sociales fortalecidos.
La apuesta oficial es clara: recortar o aplazar gastos administrativos antes que afectar áreas sensibles de la economía. Sin embargo, el resultado dependerá de la duración de la crisis externa y de la trayectoria de los precios del petróleo.
Para los hogares, el punto central será si estas medidas logran contener el impacto sobre combustibles, transporte y alimentos. Para las empresas, la atención estará en los costos operativos y en la estabilidad de la demanda interna.
