Históricamente, en República Dominicana, el ciudadano paga… pero no necesariamente recibe. Esa es la contradicción que muchos enfrentan a diario: contribuyen al Estado mediante impuestos y, aun así, deben volver a sacar dinero de su bolsillo para acceder a servicios básicos de calidad. Pagan por la salud pública y luego por la clínica; por la educación pública y luego por el colegio; por la seguridad y luego por protegerse por cuenta propia; por el transporte y luego por resolver cómo moverse. No se trata de un fallo puntual, sino de un sistema que opera de esa manera. La doble carga económica es una dinámica que no solo encarece la vida, sino que debilita la confianza en las instituciones y limita el verdadero poder redistributivo de la política fiscal.
Los temas fiscales suelen girar en el eje de la recaudación, básicamente, recaudar más. Puntos como reformas tributarias, ampliación de bases, lucha contra la evasión. Todo esto es necesario, sin duda, pero deja en segundo plano una pregunta igual de determinante: ¿qué tan bien se gasta lo que ya se recauda? No en el sentido más simple sino en términos de resultados cualitativos.
Un ejemplo lo deja claro: se pueden construir escuelas e iniciar las labores docentes con todo lo necesario al menor costo posible y, aún con esto, obtener resultados deficientes en las evaluaciones internacionales. Aquí se puede ver que la eficiencia no solo es gastar menos y “hacer más” sino gastar lo justo y obtener los resultados necesarios en términos cualitativos.
Desde esa perspectiva, podemos decir que los ingresos públicos son el combustible del Estado, el gasto es el motor que transforma esos recursos en bienestar. Y es precisamente en esa transformación donde se juega el verdadero carácter redistributivo de la política fiscal.
Una de las funciones más importante del gasto público no es simplemente existir, sino sustituir el gasto privado de los hogares en bienes esenciales. Dicho de forma simple, un sistema público de calidad debería reducir la necesidad de que las familias paguen adicionalmente por servicios básicos. Cuando eso no ocurre, el resultado es una duplicación del gasto: impuestos más pagos privados. Pero hay un efecto adicional, cuando la opción pública es débil o insuficiente, el sector privado deja de enfrentar una presión competitiva real, lo que le permite trasladar mayores costos a los usuarios finales. En ausencia de una referencia pública de calidad, los precios tienden a ajustarse al alza, no necesariamente por eficiencia, sino por falta de sustitutos efectivos.
El caso de la salud en República Dominicana es el ejemplo más claro de esta distorsión. Los datos son contundentes: el gasto de bolsillo representa aproximadamente el 43% del gasto total en salud, más del doble del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ronda entre 18% y el 20% (Banco Mundial, 2025; OCDE, 2023). En la práctica, implica que el sistema no está cumpliendo su función esencial de protección financiera. Cuando una familia necesita atención médica, no basta con estar afiliada o contribuir al sistema; con frecuencia debe pagar consultas privadas, medicamentos o estudios diagnósticos para obtener atención oportuna. En estos casos, el Estado no sustituye el gasto del hogar, lo complementa de manera insuficiente. Y en ese vacío, los prestadores privados operan en un entorno donde la demanda es relativamente inelástica: el paciente no puede postergar indefinidamente su atención. Esto abre espacio para precios más elevados, reforzando la carga económica sobre los hogares.
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El mismo patrón se reproduce en la educación, aunque de manera más discreta. El país asigna el 4% del PIB al sector educativo, un nivel comparable al promedio internacional de entre 4% y 5% según el Banco Mundial y UNESCO. Sin embargo, los resultados en aprendizaje evidencian una brecha significativa en términos de calidad. De acuerdo con los resultados de PISA 2022, los estudiantes dominicanos obtuvieron 339 puntos en matemáticas, 351 en lectura y 360 en ciencias, muy por debajo de los promedios de la OCDE, que se sitúan en 470, 476 y 485, respectivamente.
Este desfase tiene implicaciones económicas claras. Cuando el sistema público no logra garantizar aprendizajes adecuados, las familias —especialmente las de ingresos medios— buscan alternativas: colegios privados, clases de refuerzo y plataformas digitales educativas. De nuevo, el patrón se repite: el gasto público no sustituye, sino que obliga a complementar. Y al mismo tiempo, la alta demanda por educación privada —en ausencia de una opción pública que discipline el mercado— tiende a presionar los precios al alza, segmentando aún más el acceso según capacidad de pago.
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En conjunto, el resultado se refleja en la capacidad redistributiva del sistema fiscal. En los países de la OCDE, la combinación de impuestos y gasto público logra reducir la desigualdad (medido por el coeficiente de Gini) entre un 35% y un 40%. En América Latina, ese impacto apenas alcanza entre un 5% y un 8%. La diferencia no está solo en el nivel de ingresos fiscales, sino en la efectividad del gasto.
En economías desarrolladas como las de países nórdicos (Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca) los servicios públicos funcionan como sustitutos reales del gasto privado y, al mismo tiempo, actúan como anclas de precios que limitan abusos o incrementos excesivos. En República Dominicana, en cambio, los hogares siguen absorbiendo una proporción significativa del costo de estos servicios.
En lo cotidiano, la doble carga se manifiesta en la vida diaria de forma concreta. En transporte, la limitada cobertura y calidad del sistema público obliga a millones de ciudadanos a depender de vehículos privados o transporte informal, lo que se traduce en mayores gastos en combustible, mantenimiento y tiempo perdido en congestión. Esta dependencia también reduce la presión por mejorar la eficiencia del sistema en su conjunto y fragmenta la oferta, dificultando la existencia de tarifas más competitivas.
En seguridad, aunque existen avances en ciertos indicadores, la percepción de riesgo sigue impulsando el gasto privado en vigilancia y sistemas de protección. Comercios y hogares asumen costos adicionales para garantizar algo que debería ser un bien público esencial. En ambos casos, el esquema es el mismo: el ciudadano financia el sistema a través de impuestos, pero también paga directamente por suplir sus deficiencias, en entornos donde la falta de una opción pública robusta limita la competencia efectiva.
La doble carga económica no es solo una consecuencia; es también un mecanismo que perpetúa el problema. El ciclo es claro: el Estado recauda, los servicios públicos no alcanzan la calidad esperada, los ciudadanos recurren al gasto privado, la confianza en el Estado se debilita y, finalmente, se debilita la disposición a contribuir. En paralelo, los mercados privados, operando sin una referencia pública fuerte, ajustan precios en función de una demanda cautiva. Este último punto es clave.
Como hemos señalado en publicaciones anteriores, conviene recordar que: “la moral tributaria depende, en gran medida, de la percepción de valor recibido”.
Esto no implica desconocer los avances logrados en cobertura y estabilidad fiscal, sino resaltar un desafío pendiente en la calidad del gasto público.
Por ello, la discusión fiscal en República Dominicana no puede limitarse a cuánto se recauda, debe incorporar, con igual o mayor énfasis, la calidad del gasto público. No solo de asignar más recursos, sino de asegurar que esos recursos se traduzcan en servicios efectivos, accesibles y de calidad, capaces de competir y disciplinar al mercado. Implica mejorar la gestión, fortalecer la rendición de cuentas, elevar estándares de servicio y garantizar que el gasto público cumpla su función principal: generar bienestar, reducir desigualdades y contener dinámicas de precios que, de otro modo, recaen directamente sobre los ciudadanos.
Al final del día, un sistema es verdaderamente redistributivo cuando reduce la necesidad de que los ciudadanos paguen adicionalmente por derechos básicos y cuando, además, establece un piso de calidad que ordena el funcionamiento del mercado. Mientras un contribuyente tenga que pagar impuestos y clínica, impuestos y colegio, impuestos y seguridad, impuestos y transporte, la redistribución seguirá siendo incompleta. Y más aún, el sistema, aunque formalmente contributivo, será materialmente regresivo. Porque en la práctica, quienes menos tienen son quienes más sufren las deficiencias del servicio público y, al mismo tiempo, quienes tienen menos capacidad para sustituirlo o enfrentar precios elevados.
