DIARIO FINANCIERO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el Gobierno ha priorizado la tramitación masiva de permisos ambientales por encima de la planificación territorial, la prevención de impactos y la fiscalización efectiva, en lo que calificó como una pérdida de la capacidad regulatoria del Estado sobre los recursos naturales del país.
Alfonso Ureña, titular de la secretaría ambiental del PLD, cuestionó que las autoridades hayan presentado el procesamiento de más de 6,500 autorizaciones ambientales como un indicador de eficiencia administrativa. “En materia ambiental la eficiencia no puede medirse por la cantidad de permisos emitidos”, advirtió Ureña durante la rueda de prensa semanal del partido, celebrada tras el asueto de Semana Santa.
Casos que evidencian debilidad institucional
El dirigente peleêdeísta señaló varios casos recientes que, a juicio del partido, generan “dudas razonables” sobre la fortaleza del sistema de fiscalización ambiental: daños a humedales y manglares asociados a un proyecto inmobiliario en Las Terrenas, la instalación de barcazas en zonas ambientalmente sensibles en Los Negros de Azua, la contaminación de la presa de Hatillo en Cotuí —que ha provocado protestas ciudadanas—, permisos para exploración minera en la Cordillera Septentrional que inquietan a sectores sociales del Cibao, y la persistencia de actividades de tumba y quema en Los Haitises.
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Ureña refirió el Informe GEO República Dominicana 2024, elaborado con acompañamiento internacional, que advierte que el crecimiento económico del país ha estado acompañado de una presión creciente sobre los recursos naturales, deterioro de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.
Comunidades asumen rol del Estado
El PLD manifestó que en diversas regiones del país las comunidades han tenido que asumir funciones de vigilancia y denuncia que corresponden al Estado, ante lo que describió como una ausencia sistemática de las autoridades en la protección de los recursos naturales.
“Cuando la gestión ambiental se reduce a la tramitación acelerada de permisos, el riesgo es evidente: el Estado pierde capacidad de regulación y los ecosistemas quedan expuestos a presiones crecientes”, declaró Ureña, acompañado por Elías Cornelio, miembro del Comité Político, y los subsecretarios Ricardo García, Carolina Abreu, Óscar Mariñez, Francis López, Arturo Santos y Dolkin Encarnación.
Piden debate nacional sobre política ambiental
Frente a este diagnóstico, el principal partido de oposición sostuvo que es imprescindible abrir una discusión nacional sobre el rumbo de la política ambiental, con énfasis en el fortalecimiento de la fiscalización, la protección de las fuentes de agua y el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.
Con información de El Caribe.
