República Dominicana.- Viajar desde Santo Domingo hacia Punta Cana suele implicar pocas alternativas y precios poco competitivos. Esa realidad, cotidiana para miles de dominicanos y turistas, es el centro de un conflicto que ahora escala al plano judicial.
El conflicto: permisos, monopolio y amenaza de paralización
Caribe Tours anunció que llevará al Intrant ante el Tribunal Superior Administrativo para exigir permisos en rutas hacia Higüey, Bávaro y Punta Cana. La empresa sostiene que cumple con todos los requisitos legales, pero que enfrenta un bloqueo sistemático.

Del otro lado, el Senador, Casimiro Antonio Marte Familia y presidente de Conatra, advirtió que no permitirán su entrada. Incluso afirmó que el conflicto podría escalar a niveles “más grandes que la guerra de Medio Oriente”.
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Conatra controla aproximadamente el 98% del transporte interurbano y turístico, lo que le otorga un dominio casi total en rutas estratégicas del país.
Antonio Marte: poder sindical, político y operativo
Antonio Marte no es solo un dirigente gremial. Es una figura con múltiples niveles de influencia:
- Preside Conatra desde 1986, consolidando el sindicato más grande del transporte
- Es senador por Santiago Rodríguez desde 2020, con respaldo de varios partidos
- Controla una estructura empresarial con más de 45 años en el sector
- Tiene capacidad probada de paralizar rutas, afectando miles de usuarios
Su poder no es teórico. Ha ejecutado paros en el pasado que obligaron al Estado a negociar. Esa capacidad convierte sus advertencias en un riesgo económico real.

Lo que está en juego: turismo, economía y autoridad institucional
Si la amenaza de paralización se materializa, el impacto sería inmediato:
- Afectación a miles de pasajeros en el corredor turístico más dinámico del país
- Riesgo para una industria que genera miles de millones de dólares
- Presión adicional sobre la imagen de estabilidad del destino Punta Cana
- Señal institucional de debilidad si el Estado cede ante presión sindical
El debate también tiene un componente legal. La Constitución, en su artículo 50, prohíbe los monopolios y garantiza la libre empresa. Además, la Ley 63-17 establece que las rutas son administradas por el Estado a través del Intrant.
Este caso va más allá de Caribe Tours o Conatra. Define si en República Dominicana las reglas del mercado y la ley prevalecen sobre estructuras de poder históricas. Para empresarios, inversionistas y usuarios, el desenlace enviará una señal clara: si el transporte seguirá operando bajo esquemas cerrados o si se abre finalmente a la competencia, con impacto directo en precios, calidad y eficiencia del servicio.
















