En un artículo reciente advertimos que el crecimiento promedio del PIB de 3.4% del último sexenio era el menor en más de dos décadas. El 1.5% apunta al origen sectorial de esa erosión: es el crecimiento tendencial de 2025 del sector construcción —el que resulta de descontar el ruido estacional y cíclico. Su velocidad de crucero. Y es el menor nivel de los últimos treinta y tres años.
La señal es estructural; la pregunta es si el daño aún es reversible.
La columna que sostiene el edificio
Si el 1.5% enciende alertas, es porque no estamos hablando de un sector marginal. La construcción dominicana aporta más de US$16,000 millones en valor agregado, lidera todos los sectores. Supera la economía de Bahamas. Como proporción del PIB, solo Panamá le sobrepasa en América Latina.
Cuando se incorpora su ecosistema ampliado, incluyendo servicios inmobiliarios, préstamos hipotecarios y a desarrolladores, seguros, fideicomisos, administración de propiedades, junto a la demanda que genera sobre otros sectores como el manufacturero, la minería o el transporte, su participación supera el 20% del PIB. En otras palabras, al menos uno de cada cinco pesos generados en la economía gravita, directa o indirectamente, alrededor de la construcción.
La construcción no solo pesa, también arrastra la inversión del país. Cerca del 80% de la formación de capital pasa por el sector. Desde su pico de 14% del PIB en 2022, su participación viene cayendo alrededor de medio punto por año, en paralelo al retroceso observado de la inversión total, sobre todo la privada.
De mantenerse esa trayectoria, hacia mediados del próximo año podría perder el liderazgo que hoy mantiene en participación y contribución al crecimiento.
De hecho, el impacto ya es visible en las cuentas nacionales: la contribución directa del sector al crecimiento del PIB se redujo a la mitad entre 2023 y 2025 —de un punto porcentual a apenas medio punto.
El sector no solo se encoge; está frenando al resto de la economía.
La tormenta perfecta
También aquí sería injusto ignorar el contexto. Desde la pandemia, pocos sectores de la economía dominicana han absorbido tantos choques simultáneos en tan poco tiempo: (1) un aumento acumulado de costos —materiales, logística y mano de obra— superior al crecimiento del ingreso de los hogares; (2) un alza sostenida de tasas de interés desde los mínimos pandémicos, que encareció tanto el financiamiento de proyectos como la cuota hipotecaria de las familias; (3) una volatilidad cambiaria inusualmente alta en un sector intensivo en insumos importados; (4) cambios regulatorios bancarios que restringieron los préstamos en dólares a constructores y adquirientes, lo que altera el modelo de financiamiento del sector; (5) una política migratoria reactiva, ejecutada vía operativos episódicos que contrajo súbitamente la oferta laboral y elevó su costo en zonas de alta actividad; (6) estafas inmobiliarias aisladas cuyo ruido mediático erosionó la confianza de la diáspora, comprador clave del segmento de vivienda de bajo costo; (7) una reducción deliberada de la inversión pública en infraestructura y (8) una permisología cada vez más lenta y compleja, que opera como un impuesto regulatorio al encarecer y retrasar la ejecución de proyectos.
Ocho choques que convergen sobre un mismo sector. Y varios aún no ceden, porque la tormenta no termina de pasar.
La crisis haitiana sigue volátil e incierta, perpetúa el desorden en la oferta laboral. Los costos logísticos internacionales permanecen sujetos a disrupciones geopolíticas, particularmente desde el sudeste asiático. El marco fiscal 2026-2029 proyecta la inversión pública en los menores niveles en décadas.
Y a pesar de la caída reciente de las tasas locales, mientras las externas no cedan —y podrían no hacerlo si la percepción de menor independencia de la FED eleva las expectativas de inflación— el entorno doméstico de tasas y tipo de cambio podría tardar en normalizarse.
Advierto, si no se actúa, el 1.5% dejará de ser una anomalía. Será la norma.
Lo que no estamos viendo
El problema no termina en el PIB del sector. Empieza ahí. Un estudio revelador de Daniel De Oleo, de la Universidad de Kyushu (Japón), presentado en enero de este año, muestra que cuatro de cada diez hogares dominicanos sufren déficit habitacional.
La revelación más incómoda, sin embargo, es otra. El déficit habitacional dominicano ya no es, principalmente, un problema de paredes y techos: cerca del 70% de los hogares con carencias habitan estructuras adecuadas y, aun así, carecen de condiciones básicas: les falta agua, saneamiento y espacio habitable. El problema no es solo de unidades; es de hábitat. Y ese déficit habitacional tiene dos mapas: en las ciudades es más frecuente; en el campo, más severa.
Más del autor: La Señal de Alerta: 3.4%
Otro hallazgo revelador es que los hogares que financian su vivienda con crédito hipotecario tienden a presentar menos carencias que los propietarios sin crédito. En otras palabras, el financiamiento no solo facilita la compra; también se asocia con mejores condiciones de habitabilidad. Pero sin infraestructura pública que haga funcionales las viviendas y sus comunidades, como acueductos, alcantarillado, redes eléctricas o soluciones viales, ni el crédito ni la construcción de nuevas unidades resolverán el problema de fondo.
Lo que no estamos viendo es esto: si la desaceleración de la construcción se vuelve estructural y la inversión en infraestructura pública no se reactiva, el déficit habitacional no solo persistirá; puede profundizarse, encarecer su corrección y volverse territorialmente más desigual.
El riesgo de fondo tiene dos caras: por un lado, la erosión del principal motor de la economía y, con ella, del crecimiento potencial del país. Por el otro, el deterioro progresivo de las condiciones de vida de los dominicanos más vulnerables, hoy y en los años por venir.
Reconstruyendo el andamiaje
Revertir ambas caras del riesgo exige una ingeniería a la inversa: imaginar primero el destino y luego diseñar las rutas. Ese destino incluye un sector construcción recuperando participación en el PIB y aporte al crecimiento, una inversión agregada retomando la trayectoria necesaria para sostener el potencial del país, y un déficit habitacional reduciéndose de forma sostenida. Ese es el punto de llegada.
El punto de partida es la inversión pública. Deng Xiaoping lo resumió de forma elocuente: “si quieres hacerte rico, primero construye carreteras”. En RD esa frase además incluye acueductos, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, redes eléctricas confiables, conectividad logística eficiente, entre otras inversiones clave.
Se necesita un programa plurianual de infraestructura, con horizonte mínimo de un lustro, capaz de trascender el ciclo electoral. Cerrar brechas de infraestructura no es una meta de gobierno; es una meta de país. La cartera de proyectos debe diversificarse geográficamente y priorizarse con criterios explícitos: impacto en empleo y PIB regional, capacidad para reducir brechas habitacionales y potencial de activar nuevos encadenamientos productivos.
No es teoría. La Autovía del Coral no solo redujo tiempos de traslado entre la ciudad principal y el polo turístico más importante del país: amplió la frontera económica del Este, elevó su atractivo para la inversión privada y profundizó encadenamientos en turismo, logística, comercio, construcción y entretenimiento. Su costo fue comparable al de un hotel mediano, pero, a diferencia del hotel, sus efectos multiplicadores persisten en el tiempo.
Una carretera bien diseñada, al igual que otras infraestructuras públicas, no compite con la inversión privada; la hace viable y amplifica su retorno social.
Con esa misma lógica debe leerse la discusión sobre nuevas conexiones estratégicas: la carretera del Ámbar; corredores que integren polos agropecuarios del Sur con el Cibao; conectividad aérea más eficiente entre Cibao–Punta Cana. No se trata de un archipiélago de obras, sino de una red logística integrada que reduzca costos, conecte mercados y transforme potencial productivo en crecimiento efectivo, empleo y menor pobreza.
En segundo lugar, si el acceso al crédito formal se asocia con mejores condiciones habitacionales —como sugiere el estudio de De Oleo—, conviene explorar mecanismos que canalicen el ahorro de los trabajadores hacia el financiamiento de vivienda.
Hoy, el fondeo del sector depende en gran medida de liberaciones cíclicas de encaje del BCRD: un esquema que ata al sector al vaivén de las tasas y dificulta cerrar el déficit habitacional de forma sostenida. Se necesita una fuente más estable de financiamiento que preserve el acceso al crédito hipotecario, independientemente del ciclo monetario.
La región ofrece referencias útiles. Colombia avanzó con el Fondo Nacional del Ahorro, que articula cesantías, crédito para vivienda y ahorro voluntario, incluyendo trabajadores informales y la diáspora. Chile desarrolló esquemas escalonados por ingreso que combinan ahorro, subsidio estatal y crédito hipotecario para ampliar el acceso y sostener oferta formal.
Si el rediseño del régimen de cesantías sigue siendo una tarea pendiente, ¿por qué no evaluar simultáneamente un instrumento que habilite el uso parcial y prudente de estos recursos para vivienda?
Tercero, resolver la permisología de raíz. Esto debe asumirse con un propósito de legado institucional: dejar un sistema que funcione por reglas, plazos y capacidades técnicas, y no por la capacidad desigual del funcionario de turno.
Hay referentes internacionales que vale la pena estudiar: tiempos diferenciados según acreditación previa de empresas (Australia) o nivel de riesgo del proyecto (Emiratos Árabes Unidos); tercerización de procesos en firmas certificadas de ingeniería (Bahréin); y esquemas de silencio administrativo positivo para evitar parálisis cuando la administración incumple plazos (Alemania).
La descentralización también es una ruta clave, aunque transitoria, en el camino hacia la digitalización de los procesos. Con cerca de 40% del PIB de la construcción concentrado en el Cibao —más que cualquier otra región del país, incluida la capital—, mantener procesos críticos de permisos dependientes de Santo Domingo ya no es eficiente.
La meta es simple: equipos técnicos capacitados y capacidad resolutiva más cerca de donde ocurre la actividad. Siempre se ha dicho que “en Santo Domingo se firman los cheques”; ya es tiempo de que “en Santiago se firmen los permisos”, eficientemente.
Otro frente clave es la gestión inteligente de flujos laborales: permisos temporales, revisables según demanda, con biometría y trazabilidad. La meta no es abrir sin control ni cerrar sin criterio, sino equilibrar la necesidad económica del sector con la seguridad nacional para que casos como Friusa no solo no se repitan, sino que nunca vuelvan a escalar hasta ese punto.
Alguna vez un sabio dijo que una buena pregunta es aquella que tiene muchas respuestas. A la pregunta de cómo evitar que el crecimiento potencial de República Dominicana siga deteriorándose, la reactivación estructural del sector construcción es parte de la respuesta. No toda. Pero sin ella, las demás difícilmente funcionen.
El 3.4% fue una primera advertencia. Si lo que sigue es decisión, el 1.5% más que la segunda… podría ser la última.
