El tiempo vital de una persona es finito; por eso, constituye la principal restricción del proceso de optimización intertemporal del bienestar humano. Todas las decisiones se adoptan en una ventana temporal fija, como las 24 horas que conforman un día. En ese horizonte, cada individuo racional elige distribuir de forma óptima su tiempo entre trabajo –incluido el estudio– y ocio, con el objetivo de alcanzar la mayor satisfacción posible.
El trabajo implica un esfuerzo físico y mental que genera un costo de oportunidad: cada hora trabajada implica renunciar a una hora de ocio. De ahí que el trabajo requiera ser compensado con una remuneración, gracias a la cual se pueden adquirir bienes y servicios y, con ello, se logra un aumento del bienestar material. De esto se desprende que la persona trabaja no porque le agrada, sino porque necesita recursos para consumir.
El trabajo se combina con el capital edificios, maquinarias y equipos para producir bienes y servicios. Los ingresos obtenidos por la venta de esos productos en el mercado se utilizan para cubrir el costo de la materia prima, remunerar los salarios de los empleados y retribuir el capital invertido. En general, una mayor productividad se traduce en salarios más altos; del mismo modo, un uso más eficiente del capital incrementa la rentabilidad de la empresa.
La existencia de un Estado funcional exige recursos. Para financiarlos, se establecen contribuciones obligatorias que inciden sobre las decisiones actuales y futuras de los agentes económicos.
El impuesto sobre los ingresos de las personas físicas o jurídicas se basa en la capacidad económica de los contribuyentes. En ciertos casos, la tasa impositiva aumenta con el nivel de ingreso, como sucede en la República Dominicana con el impuesto sobre la renta de personas físicas, que oscila entre el 15% y el 25%. En otros, la tasa es constante, como el 27% que grava la utilidad neta de las empresas.
El impuesto sobre la renta distorsiona las decisiones intertemporales de trabajo, inversión y producción. Ese tipo de impuestos lleva a los agentes económicos a modificar su comportamiento para minimizar la carga fiscal, aun cuando la decisión sea subóptima porque reduce la productividad y la capacidad de crecimiento actual y futura. Un impuesto sobre la renta con una alta tasa marginal efectiva aumenta el costo de oportunidad de trabajar y, en consecuencia, reduce la cantidad de horas trabajadas e impacta negativamente sobre la producción y generación de ingresos. Además, dicho tributo, al gravar los intereses, dividendos y ganancias de capital, desincentiva el ahorro, encarece el costo del capital, limita la inversión, frena la innovación y recorta la tasa de crecimiento de largo plazo. El resultado de todo ello es un menor nivel de ingreso real.
El impuesto al consumo es menos distorsionador, en especial si todos los bienes son gravados con una tasa uniforme. A diferencia de un tributo que recae sobre el rendimiento del ahorro y que altera la decisión entre consumir hoy o mañana, el impuesto al consumo no tiene efectos en esa decisión a lo largo del tiempo. Con una tasa de un 18% de un impuesto al valor agregado (como el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios), un producto cuyo precio antes de impuestos es de 100 pesos costará 118 pesos tanto hoy como mañana. El importe relativo del producto permanece invariable y la tasa marginal de sustitución queda sin cambios.
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Es interesante destacar que, con un impuesto al consumo, el contribuyente puede disminuir su carga impositiva recortando el gasto en adquisición de bienes, decisión que le permite aumentar el ahorro y la inversión en el presente, así como la capacidad de producción en el futuro. Eludir el impuesto sobre la renta, en cambio, exigiría reducir el trabajo, con efectos negativos persistentes sobre la producción.
Desde el punto de vista de la eficiencia, resulta preferible financiar el gasto público mediante impuestos al consumo antes que gravar las rentas. Ahora bien, hay que tener en cuenta además el análisis de la distribución de las cargas impositivas y su efecto sobre la desigualdad de ingresos después de los impuestos.
Los tributos al consumo de base amplia son regresivos, porque los hogares pobres destinan una mayor proporción de sus ingresos al gasto derivado del consumo. Ello implica que el peso del impuesto como porcentaje del ingreso es mayor para esas familias que para los contribuyentes de mayores ingresos, lo que acentúa la desigualdad e inequidad distributiva.
Para que una reforma orientada hacia la tributación del consumo sea socialmente aceptada, debe incorporar mecanismos compensatorios que preserven el ingreso real de los hogares más vulnerables. Esto se lograría mediante una transferencia monetaria directa que neutralice el efecto regresivo; es decir, se trata de devolver un monto equivalente a la suma adicional que se tendrá que pagar por concepto de impuesto al consumo que sustituirá al impuesto sobre la renta.
Una política tributaria óptima debe minimizar las distorsiones, promover la productividad y sostener el crecimiento, sin deteriorar el bienestar de los sectores de menores ingresos. De forma complementaria, el gasto público ha de fortalecer el capital humano de ese segmento de la población para que pueda insertarse con facilidad al mercado laboral y obtener ingresos más altos.
En última instancia, todo sistema tributario revela qué tipo de sociedad se aspira a construir. Se puede optar por un esquema que grave el esfuerzo, la productividad y la acumulación de capital humano, o por otro que recaiga sobre el consumo la satisfacción inmediata sin distorsionar las decisiones que generan crecimiento y prosperidad. La evidencia económica sugiere que los impuestos al consumo, acompañados de transferencias bien diseñadas para proteger a los más vulnerables, permiten recaudar con eficiencia, promover la inversión y sostener una senda de expansión del bienestar. En una democracia, la elección está en manos de los ciudadanos. ¿Se desea un sistema que penalice el trabajo o uno que recaiga sobre el consumo? La respuesta es clave para la trayectoria económica de la República Dominicana.
