Santo Domingo. — Rafael Jesús Féliz García publicó una carta abierta en sus redes sociales en la que niega de forma categórica las acusaciones divulgadas en un reciente reportaje del programa Nuria Investigación Periodística, y sostiene que su trayectoria en el Estado ha estado marcada por la transparencia, el trabajo y el apego a la ley.
En el documento, Féliz afirma que su paso por instituciones como el Ministerio de la Juventud, el ITSC y el Instituto Tecnológico de las Américas se rigió por principios de control interno y cumplimiento normativo, destacando la implementación de un Sistema Integrado de Gestión Institucional con estándares ISO de calidad, cumplimiento y antisoborno.
“Nunca manejé recursos fuera de esquemas formales ni al margen de controles institucionales”, subraya el exfuncionario, al rechazar cualquier señalamiento sobre prácticas irregulares o desvío de fondos con fines políticos.
Patrimonio y fuentes de ingreso
Sobre el crecimiento de su patrimonio, Féliz explica que sus principales bienes —un apartamento y un vehículo ya vendido— fueron adquiridos mediante financiamiento bancario, y que sus ingresos son consistentes con sus salarios como funcionario público, su labor como docente universitario en sociología y colaboraciones en la empresa familiar.
En ese sentido, reitera su disposición a que las autoridades competentes examinen tanto su gestión administrativa como su evolución patrimonial, asegurando que no tiene objeción alguna a procesos de verificación formal.
Contexto del conflicto
La carta se produce tras la difusión del reportaje que lo señala por presuntos cobros de comisiones a empleados con fines políticos y por un notable incremento patrimonial, acusaciones que Féliz considera lesivas a su honor personal y trayectoria profesional. Aunque el exrector no entra en el detalle de cada imputación, su mensaje busca reivindicar su conducta ética en el servicio público.
Cabe recordar que Rafael Féliz fue destituido como rector del ITLA mediante el Decreto 39-26, decisión adoptada luego de la divulgación del reportaje periodístico, aunque el documento oficial enmarca la medida dentro de procesos de evaluación y fortalecimiento institucional. Previamente, el ITLA también había negado la existencia de procedimientos formales para la retención de salarios con fines políticos.
El caso reabre el debate sobre la relación entre periodismo de investigación, responsabilidad pública y debido proceso en la administración del Estado, un tema que seguirá generando atención en la agenda institucional y mediática del país.
