Con el objetivo de frenar la creciente ola de fraudes inmobiliarios que amenaza la seguridad jurídica en el país, la Red de Abogados Inmobiliarios (ABOGAIN) solicitó formalmente al Registro Inmobiliario la implementación de un Sistema de Alertas Tempranas para la protección de títulos de propiedad.
La iniciativa busca proteger a propietarios e inversionistas frente a intentos recurrentes de suplantación de identidad, falsificación de documentos y duplicación de títulos de viviendas, condominios y fincas.
El vocero de la entidad, José Antonio Thomas, junto al asesor legal Wendy José Alcántara Ramírez, explicó que el sistema funcionaría como una “alarma digital inmobiliaria”.
El propietario recibiría notificaciones inmediatas por correo electrónico o SMS ante cualquier movimiento sospechoso, como solicitudes de duplicados, traspasos irregulares o accesos no autorizados al expediente del inmueble.
Para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, ABOGAIN propone que su mantenimiento sea cubierto mediante una cuota mínima integrada al Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI), evitando cargas adicionales significativas para los contribuyentes.
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Asimismo, la red de abogados plantea que la plataforma esté interconectada en tiempo real con la Junta Central Electoral, la Dirección General de Impuestos Internos y la Procuraduría General de la República.
Esta integración permitiría un monitoreo riguroso de cualquier persona que deposite documentos o solicite información vinculada a traspasos, reduciendo espacios para la complicidad interna y el fraude organizado.
ABOGAIN también propone que el sistema incluya una actualización automática del estado jurídico de los inmuebles al menos dos veces al año, garantizando que el titular tenga certeza permanente sobre la situación legal de su patrimonio.
Para reforzar la confiabilidad del modelo, la organización sugiere el uso de registros inmutables, imposibles de modificar o alterar, que dejen una huella digital imborrable de cada intento de acceso o gestión sobre un título.
Según la entidad, la adopción de este sistema permitiría a la República Dominicana escalar posiciones en los índices internacionales de seguridad jurídica, fortaleciendo su atractivo para la inversión extranjera y la diáspora dominicana, sectores especialmente vulnerables por residir fuera del país.
