El magistrado Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dejó claro que el caso Jet Set no se extenderá en una cadena indefinida de aplazamientos, al recordar que el proceso penal está regido por plazos estrictos que deben cumplirse.
Durante la audiencia, el juez advirtió que el tribunal no permitirá dilaciones innecesarias, subrayando que cada etapa del proceso tiene tiempos definidos conforme a la normativa procesal vigente.
Nuevo peritaje bajo debate
El tribunal fijó para el 30 de enero el conocimiento de la solicitud presentada por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, mediante la cual buscan que se ordene un nuevo peritaje de la estructura que colapsó en el Jet Set Club.
En su pedimento, los imputados propusieron al ingeniero José M. Lockhart como perito encargado de realizar la nueva experticia técnica sobre el techo que se derrumbó.
No obstante, el Ministerio Público recordó que el expediente ya está sustentado en una experticia técnica oficial, cuyos resultados establecen serias anomalías estructurales, atribuibles a la responsabilidad directa de los acusados, quienes —según la acusación— tenían conocimiento previo del deterioro grave de la estructura.
La voz de las víctimas
Mientras el proceso avanza en los tribunales, familiares de las víctimas reiteraron que su único reclamo es justicia, a más de nueve meses de la tragedia que marcó a cientos de familias.
“Nuestra hija nos duele más que cualquier dádiva que nos puedan dar”, expresó Wilton Tejeda, padre de una de las personas fallecidas, reflejando el sentir de muchos afectados que rechazan cualquier intento de compensación sin responsabilidad penal.
Próximas fechas del proceso
El tribunal fijó la continuación del juicio preliminar para los días 16 y 23 de marzo, fechas en las que se seguirá evaluando si el expediente reúne los méritos suficientes para ser enviado a juicio de fondo.
El caso Jet Set se mantiene como uno de los procesos judiciales de mayor impacto social reciente, bajo la atención constante de la opinión pública y organizaciones de víctimas.
