La justicia brasileña autorizó la salida temporal de prisión del expresidente Jair Bolsonaro para someterse a una intervención quirúrgica programada por hernia inguinal, en medio de un complejo escenario judicial y político.
Bolsonaro abandonará la prisión de la Policía Federal en Brasilia el próximo 24 de diciembre, con el objetivo de ser hospitalizado y operado el 25 de diciembre en una clínica privada del Distrito Federal. La autorización fue emitida por la Corte Suprema, a través del magistrado Alexandre de Moraes, tras recibir informes médicos que avalan la necesidad de la cirugía.
De acuerdo con la resolución judicial, el exmandatario será intervenido no solo por la hernia inguinal, sino también mediante un bloqueo anestésico del nervio frénico, procedimiento indicado para tratar un hipo recurrente, condición médica atribuida como secuela del apuñalamiento sufrido durante la campaña presidencial de 2018.
Un informe médico elaborado por la Policía Federal, junto con el aval del Ministerio Público, concluyó que las intervenciones solicitadas por la defensa resultan médicamente justificadas, lo que permitió la autorización excepcional del traslado.
Régimen de custodia y restricciones
La Corte ordenó vigilancia permanente, con al menos dos agentes apostados en la puerta de la habitación durante toda su estadía hospitalaria. Además, Bolsonaro no podrá utilizar teléfonos celulares, computadoras ni ningún dispositivo electrónico, como parte de las medidas de control.
No obstante, se autorizó la presencia de su esposa, Michelle Bolsonaro, así como otras visitas, siempre que cuenten con previa autorización judicial expresa.
Contexto judicial
Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión, dictada en septiembre, por liderar una organización criminalque, según el fallo, buscó mantener el control autoritario del poder tras su derrota electoral frente a Lula da Silva en 2022.
La Corte Suprema rechazó previamente su solicitud de arresto domiciliario, señalando que todas las instancias de apelación ya fueron agotadas. El exmandatario fue trasladado a prisión tras destruir la tobillera electrónica que monitoreaba su arresto domiciliario anterior.
Escenario político abierto
En paralelo, el Congreso brasileño, de mayoría conservadora, aprobó un proyecto de ley que podría reducir en más de dos años el tiempo efectivo de su condena. Sin embargo, el presidente Lula anunció que vetará la iniciativa, aunque la Constitución permite que el Parlamento revierte el veto presidencial.
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