El partido Fuerza del Pueblo exigió este lunes la realización de una auditoría forense internacional al Seguro Nacional de Salud (Senasa), así como la reparación integral, transparente y verificable a todos los afiliados que hayan sufrido daños a su salud, negación de servicios o fallecimientos de familiares, como consecuencia del presunto esquema de corrupción detectado en la institución.
Mediante un comunicado, la organización política reclamó al Poder Ejecutivo asumir su responsabilidad institucional y ofrecer respuestas claras al conjunto de los afiliados del sistema, al considerar que el caso constituye un grave atentado contra derechos fundamentales y una amenaza directa a la sostenibilidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
El secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo, Fernando Caamaño, afirmó que el impacto del caso no se limita a responsabilidades penales individuales. Sostuvo que el daño ocasionado a una amplia proporción del pueblo dominicano no puede ser subsanado con la detención de algunos implicados ni con la devolución parcial de los RD$16,000 millones que, según la Procuraduría General de la República, habrían sido sustraídos de la ARS estatal.
Caamaño recordó que la Fuerza del Pueblo ha venido denunciando de manera reiterada la falta de transparencia en Senasa desde 2021, incluyendo advertencias públicas y ruedas de prensa realizadas en junio pasado. Según indicó, estas alertas fueron desestimadas por el Gobierno, que insistía en la inexistencia de una situación crítica en la institución.
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De acuerdo con la organización política, las denuncias adquirieron mayor relevancia pública tras la divulgación de evidencias de irregularidades en contratos vigentes desde 2020 entre Senasa y el sector privado, lo que generó amplio rechazo social y obligó al Gobierno a remitir el caso al Ministerio Público.
No obstante, la Fuerza del Pueblo rechazó lo que calificó como un intento del Gobierno de desvincularse del origen de los hechos, al sostener que la presunta trama de corrupción estuvo motivada por intereses políticos y electorales, en el contexto del proceso de reelección presidencial de 2024.
