Será este domingo cuando la Oficina de Atención Permanente de Servicios Judiciales del Distrito Nacional emita su decisión sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público contra los acusados de cometer una supuesta estafa superior a RD$15,000 millones en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión fue anunciada por el juez Rigoberto Sena, luego de concluir los alegatos presentados tanto por el órgano acusador como por las defensas del exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, y de los otros nueve imputados que figuran en el expediente.
En su solicitud inicial, el Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva para la totalidad de los acusados. No obstante, al inicio de la audiencia celebrada ayer, varió su pedimento respecto a tres imputados, solicitando medidas menos gravosas para Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y el empresario Eduardo Read Estrella. Para estos, el órgano persecutor requirió presentación periódica, impedimento de salida del país y una fianza de RD$1 millón.
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El director de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, explicó ante el tribunal que esta variación responde a la política del Ministerio Público de favorecer con medidas menos severas a quienes colaboran con las investigaciones, como parte de la estrategia procesal en casos complejos de criminalidad económica.
Por su parte, los abogados de Santiago Hazim solicitaron al tribunal que no se imponga prisión preventiva a su defendido, alegando condiciones médicas delicadas. La defensa presentó una certificación médica que indica que Hazim padece esclerosis múltiple, condición que, según sus representantes legales, requiere atención especializada incompatible con un régimen de prisión preventiva.
Además de Hazim, el expediente incluye como imputados a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, quienes también aguardan la decisión judicial sobre las medidas que les serán impuestas.
El caso ha generado amplia atención pública debido al impacto financiero atribuido a la supuesta estafa, así como por las implicaciones que tendría para la sostenibilidad del sistema de salud pública y la gestión de los recursos del Estado.
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