Santo Domingo, R.D. – La Superintendencia de Bancos (SB) presentó el informe “Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025”, un documento que evalúa el avance del sector en la integración de grupos vulnerables y evidencia las brechas que aún limitan la igualdad dentro del sistema financiero dominicano.
El estudio, basado en encuestas a entidades de intermediación financiera (EIF) y a sus usuarios, muestra una evolución positiva en accesibilidad, género y sostenibilidad. Sin embargo, la SB advierte que todavía persisten obstáculos estructurales que impactan la calidad del acceso para diferentes segmentos de la población.
Según el informe, el 84 % de las EIF cuenta con rampas o infraestructura adaptada para personas con discapacidad, un avance significativo en accesibilidad física. En el ámbito digital, el 45 % posee páginas web accesibles y solo el 20 % aplicaciones móviles adaptadas, lo que confirma la necesidad de acelerar la adecuación tecnológica para este grupo. Aun así, usuarios con discapacidad expresaron altos niveles de seguridad en los canales alternos: 74 % en aplicaciones móviles y 70 % en banca en línea.
La Superintendencia destaca que detrás de cada indicador existen personas que requieren condiciones reales de inclusión. “Impulsar la accesibilidad universal y la educación financiera inclusiva continúa siendo esencial”, subraya el documento, presentado en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado cada 3 de diciembre.
En materia de género, el estudio evidencia mejoras sostenidas. Las mujeres representan ya el 48 % del total de personas deudoras, y el 48 % de las entidades cuenta con políticas formales de igualdad. Además, el 20 % destina presupuesto específico para iniciativas en este ámbito. A pesar de ello, solo el 14 % ofrece productos diseñados exclusivamente para mujeres, lo que abre espacio para ampliar la oferta y adaptarla a sus necesidades.
El informe señala que el 27 % de las entidades mantiene alianzas estratégicas vinculadas a igualdad y que el 14 % posee certificaciones relacionadas con buenas prácticas. Las Mipymes lideradas por mujeres, que aportan más del 30 % del PIB y más del 60 % del empleo formal, continúan consolidándose como un pilar clave en el ecosistema financiero. Iniciativas como el Women Entrepreneurs Finance Code (WE-Fi Code) posicionan al país como referente regional en datos desagregados por género y cierre de brechas de financiamiento.
Desde la perspectiva de las usuarias, la confianza es alta: 84 % dice confiar en su entidad financiera, y más del 90 % expresa satisfacción con los productos y el trato recibido. No obstante, el 26 % de las mujeres afirma enfrentar requisitos adicionales al solicitar servicios financieros, lo que evidencia disparidades en procesos de evaluación y admisión.
El informe también examina la experiencia de las personas migrantes. El 48 % asegura que se les exige documentación adicional para acceder a productos financieros, lo que refleja falta de uniformidad en los criterios aplicados. Aun así, el 77 % manifiesta confiar plenamente en su entidad. Las EIF han implementado productos simplificados, cuentas básicas y programas de remesas con costos reducidos, aunque su alcance sigue siendo limitado.
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Entre los adultos mayores, el 16 % reporta haber sido rechazado por su edad al solicitar servicios financieros. La participación de este grupo se concentra en productos tradicionales de ahorro, con baja adopción de canales digitales. Pese a que algunas entidades ya ofrecen atención preferencial y programas de educación financiera para mayores de 65 años, la SB subraya la urgencia de fortalecer la inclusión digital y el diseño de productos orientados a estabilidad y bienestar.
En sostenibilidad, el informe revela que el 45 % de las entidades cuenta con políticas ambientales o sociales, mientras el 39 % ofrece productos verdes, como préstamos para paneles solares y vehículos eléctricos. Sin embargo, el 43 % de los usuarios desconoce la existencia de estas opciones, lo que evidencia una brecha de comunicación y mercadeo.
La SB concluye que el sistema financiero dominicano ha avanzado, pero que la inclusión plena requiere políticas más robustas, mayor innovación y una mirada estratégica que coloque en el centro las necesidades de los segmentos vulnerables.
