En agosto de 2024, anticipé en estas columnas la persistente ineficiencia estructural del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) en República Dominicana, cuantificando una eficiencia-C por debajo del 40% del potencial macroeconómico –un remanente atribuible a complejidades normativas y brechas de cumplimiento que erosionan hasta el 41% de la base imponible estimada–.
Hoy, el Informe de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), fechado en julio de 2025 y elaborado por Patricio Barra y Miguel Pecho del Departamento de Finanzas Públicas (FAD), valida empíricamente estos hallazgos mediante el Modelo de Estimación de la Brecha del IVA (VGEM) bajo el marco RA-GAP. Aplicando un enfoque top-down basado en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), el FMI desagrega la brecha global de ITBIS en 9.4% del PIB (2018-2023), con una componente de cumplimiento del 36.5-41.6% del potencial (equivalente a ~3% del PIB, o RD$100 mil millones anuales aproximados).
Esta convergencia no solo corrobora la tendencia de recaudación neta estancada en 4.6-5% del PIB –con caídas pandémicas en 2020 y recuperación asimétrica–, sino que invita a un debate técnico profundo: ¿Por qué no mejora la recaudación del ITBIS?
El FMI lo desmenuza de manera clara. Primero, la «determinación»: en 2019, el 70% de lo declarado no cuadraba con la realidad económica, gracias a créditos fiscales fantasma y clasificaciones torcidas entre lo que reportan las empresas y lo que miden las estadísticas nacionales. Segundo, la «cobranza»: las fiscalizaciones de la DGII solo recuperan un 0.02% del PIB al año, un sorbo de agua en un desierto de 3 puntos perdidos.
Tercero, shocks externos como el COVID, que en 2020 infló la brecha a 3.2% del PIB, y amnistías fiscales que, aunque bienintencionadas, relajan la disciplina y dejan la puerta abierta al fraude. Y no olvidemos la madeja normativa: desde la crisis de 2003, hemos apilado retenciones variables –del 30% al 100% según el caso– y regímenes especiales que confunden a contribuyentes y facilitan trucos. El resultado: una eficiencia-C –esa métrica de cuánto recaudas por cada punto de PIB consumible– estancada en 50%, por debajo del 60% promedio en el Caribe. Es como tener un motor potente, pero con frenos de mano puestos.
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Estos datos presentandos debieron saltar las alarmas a las autoridades tributarias, pues el hecho de que el esfuerzo que se haga en las fiscalizaciones (ya sea de escritorio o externas) recaude solo 0.02% del PIB puede significar que: 1) Los cruces no están siendo efectivos, 2) El rigor en la auditoria está relajado o 3) Que al optarse más por una política de aministías, facilidades de pago de deuda, entre otras, haya tenido como resultados que los contribuyentes se acostumbraran rápido a estas facilidades y han decidido esperar la llegada de otra facilidad.
Esta parálisis no es solo dominicana; es un eco regional. Nuestro ITBIS al 18% es el quinto más alto en América Latina y el Caribe –solo Uruguay (22%), Argentina (21%), Chile y Colombia (19%) nos superan, según la OCDE y el BID en 2025–. Pero tasas altas en países con formalidad baja (alrededor del 55% aquí) y fiscalización a medio gas no generan más ingreso: al contrario, empujan a la informalidad. Miremos Chile, con su 19%: gracias a digitalización y controles estrictos, roza el 65% de eficiencia.
Por lo tanto, se debe evaluar también la incidencia que tiene una alta tasa de ITBIS en nuestra economía y su incumplimieto, por lo que si se llega a discutir una reforma fiscal, en lugar de incrementos de tasas pareciera que el camino correcto es reducirla para homologarla más a la región (en torno a un 16% como estaba antes del año 2012) y buscar ampliar su base, acompañado de eliminación de distorisiones legales que hacen más difícil la recaudación.
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Por su parte, las recomendaciones del FMI no se quedan en el lamento; entrega un plan accionable, con plazos claros de 6 a 12 meses. Primero sugiere que se empiece por monitorear anualmente estas brechas con su herramienta RA-GAP –un radar macro que la DGII ya usa, pero que podría afinar con datos frescos de Cuentas Nacionales para cazar tendencias sectoriales.
Luego, profundizar en los tres sectores problemáticos: auditorías focalizadas en construcción, hotelería y servicios podrían recuperar hasta 3% del PIB perdido. Y tercero: unirpagos, devoluciones y declaraciones en un sistema unificado para pillar fraudes al vuelo, reduciendo la brecha de cobranza en un 15-20%. Finalmente, crear un equipo DGII-Hacienda para simular cómo simplificar exenciones y amnistías sin perder equidad –menos enredos, más flujo voluntario.
Mi artículo del 2024 era una llamada a mirar el comportamiento del ITBIS; el FMI lo convierte en mapa definiendo una ruta y plan de trabajo para la Administración Tributaria. Lo bueno de estos análisis realizados es que reflejan que la recaudación tiene mucho margen de mejora sin la necesidad de aplicar reformas inmediatas sino corrigiendo distorisones internas o fortaleciendo áreas de auditoría y cobranza.
En tiempos resientes la DGII ha estado modernizando su infraestructura tecnológica, lo cual es bueno, y debe estar acompañado de mejora en la capacidad técnica de sus áreas vitales para poder ir a la par con los otros avances.
