Santo Domingo, R.D. — El caso de la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, niña de 11 años, continúa generando indignación y reclamos de justicia tras su fallecimiento el 14 de noviembre durante una excursión escolar del Colegio Da Vinci en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, Santiago. Aunque el hecho se reportó inicialmente como un ahogamiento, familiares y organizaciones sociales han denunciado presuntas irregularidades que ponen en duda la versión oficial.
La actividad correspondía a una salida para estudiantes del cuadro de honor. El contrato revelado por la prensa indica que la hacienda fue contratada para 87 personas y que no se incluyeron servicios de salvavidas, a pesar de tratarse de una actividad con menores de edad y con acceso a piscina. Diversos grupos señalan falta de supervisión, ausencia de personal especializado y posibles fallas en los protocolos escolares.
La familia y organizaciones como la Fundación Zile alegan que Stephora era víctima de acoso escolar (bullying) por su color de piel y su origen haitiano, situación que habría sido reportada previamente al centro educativo. Estas denuncias han profundizado la preocupación pública sobre las circunstancias que rodearon la tragedia.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso ordenó una ampliación de las investigaciones, instruyendo a la Dirección de Persecución y a la DINNAF a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Paralelamente, la Regional 08 del Ministerio de Educación informó que el Colegio Da Vinci no contaba con los permisos requeridospara realizar esa excursión. Además, recordó que, según la normativa vigente, ese tipo de actividades estaba prohibida al momento del suceso.
El colegio declaró en un comunicado que está colaborando con las autoridades y que no emitirá comentarios adicionales mientras el proceso permanezca en fase secreta. No obstante, los familiares aseguran que no han recibido explicaciones ni acompañamiento psicológico por parte de la institución.
El caso abre un debate nacional sobre responsabilidades compartidas entre el centro educativo, el establecimiento contratado y las entidades estatales encargadas de regular las actividades escolares. También reaviva la discusión sobre los protocolos de seguridad en excursiones con menores, la supervisión efectiva del personal docente y la atención institucional frente a denuncias de acoso.
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