Ciudad de México. El certamen de Miss Universo 2025 ha provocado cuestionamientos públicos tras la coronación de Fátima Bosch, representante de México. La controversia surge luego de conocerse contratos millonarios entre Pemex y empresas vinculadas a Raúl Rocha Cantú, presidente y copropietario de Miss Universo, lo que despertó sospechas de conflicto de interés.
En febrero de 2023, Pemex adjudicó un contrato superior a los 745 millones de pesos a un consorcio donde participó Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Rocha Cantú. El acuerdo incluía trabajos de infraestructura y operaciones petroleras. Durante ese periodo, el padre de la nueva Miss Universo, Bernardo Bosch Hernández, ocupaba un cargo directivo dentro de la petrolera estatal.
Reportes oficiales señalan que el área bajo supervisión de Bosch no intervino en el proceso de adjudicación. Según documentos institucionales, la asignación se ejecutó bajo los protocolos establecidos por la empresa estatal.
Rocha Cantú confirmó la existencia de dos contratos con Pemex, uno ejecutado parcialmente y otro que, aseguró, no se ejerció. También afirmó que actualmente no existe ninguna relación contractual vigente entre sus compañías y la petrolera.
Por su parte, Pemex publicó un comunicado donde detalló que su vínculo con Soluciones Gasíferas del Sur concluyó en 2023. La empresa defendió la transparencia del proceso y negó cualquier relación con la organización de Miss Universo o influencia sobre los resultados.
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Pese a las aclaraciones, el escándalo Miss Universo 2025 continúa alimentando teorías en redes sociales y medios. Las acusaciones incluyen presuntas presiones sobre miembros del jurado y señalamientos cruzados entre personas involucradas en la final. Hasta ahora, no existen pruebas concretas que vinculen los contratos petroleros con el triunfo de la concursante mexicana.
El señalamiento aumentó tras recordarse que el padre de la ganadora fue inhabilitado previamente por la Secretaría de la Función Pública, aunque más tarde regresó a Pemex. Ese antecedente reforzó las dudas y amplificó la discusión pública.
A pesar de esto, investigaciones periodísticas y declaraciones oficiales coinciden en que no hay evidencia de injerencia directa que comprometa el proceso de adjudicación ni el resultado del certamen.
