Washington.- Estados Unidos designó formalmente al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO). La decisión entra en vigencia el 24 de noviembre de 2025 y marca un nuevo capítulo en la presión de Washington contra el gobierno venezolano.
El Departamento de Estado, bajo la administración del presidente Donald Trump, afirmó que existe “suficiente base fáctica” para clasificar al grupo como organización terrorista. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que esta medida cumple con los requisitos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y que el grupo representa una amenaza directa para la seguridad estadounidense.
La decisión llega después de que el Departamento del Tesoro sancionara en julio de 2025 al cártel como terrorista global especialmente designado (SDGT). Con esta nueva clasificación, Washington busca reforzar las acciones multilaterales contra redes criminales del hemisferio.
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El gobierno estadounidense vincula al Cártel de los Soles con el presidente venezolano Nicolás Maduro y con figuras clave como Diosdado Cabello. Según Washington, altos mandos militares y funcionarios del gobierno dirigen esta estructura asociada al narcotráfico. El nombre proviene del emblema solar en los uniformes de oficiales venezolanos.
Expertos describen al cártel como una red corrupta de facciones militares, más que una estructura tradicional. También se le acusa de apoyar a organizaciones como Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, ambas ya designadas como FTO.
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La designación terrorista Cártel de los Soles amplía el rango de herramientas legales del gobierno estadounidense. Se podrán congelar activos, restringir apoyo material desde territorio estadounidense e involucrar más agencias de seguridad. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que esta medida abre “nuevas opciones” para acciones de contramedida.
La decisión coincide con una mayor presencia militar de EE.UU. en el Caribe sur, el aumento en la interceptación de embarcaciones y una estrategia más agresiva contra redes de narcotráfico en la región.
El gobierno de Venezuela calificó la medida como “ridícula” y negó la existencia del cártel. Afirmó que se trata de una acción política sin fundamento, diseñada para aumentar la presión internacional sobre Caracas.
