Santo Domingo.– La vicepresidenta Raquel Peña reafirmó este lunes la posición del Gobierno frente al narcotráfico en República Dominicana, asegurando que “no importa quién sea el acusado, si es culpable, debe pagar en la justicia”.
El pronunciamiento de la funcionaria ocurre tras los recientes casos de políticos y allegados implicados en redes de tráfico de drogas, lo que ha reavivado el debate sobre la integridad de las instituciones y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control.
Peña habló con los medios a su salida de la Catedral Primada de América, donde participó en la ceremonia de posesión canónica de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, nuevo arzobispo coadjutor de Santo Domingo, designado por el Papa León XIV. En el acto también estuvo presente el ministro de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza.
“Realmente nosotros tenemos que erradicar el narcotráfico de República Dominicana porque ustedes saben el daño que eso le hace a nuestra sociedad”, enfatizó Peña.
Exesposo de diputada investigado por tráfico de drogas
Otro caso que ha captado la atención pública es el de Esteffani José Vásquez Amarante, exesposo de la diputada Jacqueline Fernández (PRM, La Romana), quien es investigado por el FBI y solicitado en extradición por las autoridades de Estados Unidos.
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El proceso será conocido por la Suprema Corte de Justicia. La diputada Fernández aseguró que no mantiene vínculos personales ni responsabilidades comunes con Vásquez desde hace tiempo, desligándose del caso.
Colaboración entre el Gobierno y la DEA
En octubre, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó sobre la investigación al empresario Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor honorífico del Gobierno, bajo acusaciones de tráfico de sustancias ilícitas entre 2003 y 2019.
El titular de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, destacó que el presidente Luis Abinader instruyó cooperar plenamente con la DEA, reafirmando la política de transparencia. Jorge-Puras fue desvinculado mediante el decreto 273-25, después de que las autoridades estadounidenses notificaran formalmente su investigación.
La investigación también incluye a Gaspar Antonio Polanco Virella, exdirector de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, señalado en 2020 por presuntos vínculos con estas operaciones.
Una postura institucional frente a la criminalidad
El mensaje de la vicepresidenta Peña refuerza la narrativa de cero impunidad que el Gobierno ha mantenido como eje de su política institucional. Expertos en gobernanza consultados por Diario Financiero sostienen que la credibilidad del sistema judicial y la cooperación internacional son factores clave para desmontar las redes criminales que afectan la reputación del país y su clima de inversión.
Eliminar el narcotráfico en República Dominicana, concluyen, no solo es un desafío de seguridad, sino también un componente esencial para la estabilidad institucional y la confianza en el Estado de derecho.
