Como si se tratara de una provocación deliberada, el exembajador de Estados Unidos en República Dominicana, James “Wally” Brewster, ofició en 2025 una boda simbólica entre dos hombres en el exclusivo Camp David Ranch, en Santiago de los Caballeros.
El hecho ha causado indignación en amplios sectores de la sociedad dominicana, que lo interpretan como una falta de respeto hacia las creencias, valores y leyes nacionales, al realizar en territorio dominicano una ceremonia que la legislación prohíbe expresamente.
La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 55, establece que el matrimonio solo puede celebrarse entre un hombre y una mujer, y que este vínculo es la base jurídica de la familia. Por tanto, cualquier intento de equiparar o validar otras formas de unión carece de efectos legales ante la Junta Central Electoral (JCE).
Conducta reiterada y cuestionada
Durante su gestión diplomática entre 2013 y 2017, Brewster generó diversas controversias por promover abiertamente una agenda en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, en un país donde dicha figura no tiene reconocimiento constitucional ni legal.
En ese periodo, incluso llegó a asistir a centros educativos junto a su esposo, lo que fue interpretado como una forma de promover la agenda LGTB, lo que provocó rechazo social y reclamos formales por parte de instituciones religiosas y comunitarias que consideraron tales acciones una intromisión en los asuntos internos del país.
Esta nueva acción, años después de dejar su cargo diplomático, reaviva la percepción de una insistencia personal en desafiar la soberanía dominicana, ignorando el principio básico del respeto a la autodeterminación de las naciones.
Legalidad y postura institucional
La Junta Central Electoral ha reiterado que no existe reconocimiento legal para los matrimonios igualitarios en la República Dominicana, y que ninguna ceremonia de este tipo puede registrarse en el sistema civil nacional.
De igual forma, la Presidencia de la República ha decidido guardar silencio, limitándose a la posición institucional de la JCE, que ratifica la vigencia del marco jurídico y constitucional vigente.
La República Dominicana es un país soberano, con leyes que reflejan la voluntad de su pueblo y su marco de valores constitucionales, y ningún ciudadano extranjero —sea diplomático o exdiplomático— tiene derecho a desafiar ese orden jurídico mediante actos simbólicos que contradicen su legislación.
Espacios privados y límites legales
El evento se llevó a cabo en Camp David Ranch, un recinto privado utilizado para eventos sociales. Aunque este tipo de propiedades pueden alquilarse para ceremonias o celebraciones simbólicas, las mismas no generan efectos jurídicos ni son válidas ante las autoridades dominicanas.
Otros espacios de lujo en el país, como Casas del XVI en Santo Domingo o El Embajador a Royal Hideaway Hotel, ofrecen servicios para bodas y eventos, pero todos bajo la normativa nacional vigente, que reconoce únicamente el matrimonio heterosexual.
¿Qué te pareció la noticia? Déjanos tu comentario más abajo
