El presidente Luis Abinader reconoció este martes que la indexación salarial establecida en el Código Tributario constituye una medida “justa y necesaria”, pero advirtió que su ejecución implicaría una reducción considerable de los ingresos fiscales del Estado, lo que podría comprometer la inversión en sectores esenciales como salud y educación.
“Si lo hacemos, hay que decir a quién le quitamos los recursos: ¿a salud, a educación?”, cuestionó el mandatario, al referirse a las dificultades de equilibrar las cuentas públicas frente a la posible aplicación de la medida.
Abinader explicó que su administración estudia una vía para aplicar la indexación de manera equilibrada, consciente del impacto presupuestario que implicaría. Pese a ser una obligación legal, esta actualización —que ajusta los tramos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de acuerdo con la inflación anual— no se aplica desde 2017, a pesar de estar contemplada en el párrafo I del artículo 296 del Código Tributario.
El jefe de Estado recordó que la propuesta de actualización fue incluida en la reforma fiscal presentada en 2024, la cual fue rechazada por diversos sectores empresariales y sociales. Paradójicamente, esos mismos grupos ahora reclaman su implementación como un acto de justicia tributaria.
El debate sobre la indexación salarial también ha llegado al Congreso Nacional, donde el tema se analiza de forma independiente al Presupuesto General del Estado 2026. El senador Pedro Tineo, vicepresidente de la comisión bicameral que estudia el presupuesto, aclaró que la medida se encuentra bajo evaluación en la comisión de Hacienda del Senado.
Por su parte, el senador Félix Bautista sometió en marzo de 2025 un proyecto de ley para modificar el artículo 296 del Código Tributario, con el fin de actualizar los tramos del ISR y reflejar el efecto acumulado de la inflación desde 2017.
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Actualmente, el esquema impositivo para asalariados establece que los ingresos hasta RD$399,923.00 anuales están exentos del impuesto, mientras los tramos siguientes pagan tasas progresivas de 15 %, 20 % y 25 %.
La nueva propuesta elevaría el umbral exento a RD$558,232.00, ajustando proporcionalmente los tramos superiores hasta RD$1,162,982.00.
El senador Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, ha exigido su inmediata aplicación, alegando que la falta de indexación ha reducido el poder adquisitivo de los trabajadores formales frente al aumento sostenido de la canasta básica familiar.
Economistas consultados coinciden en que la aplicación de la medida representaría un alivio fiscal directo para miles de asalariados, pero reconocen que supondría una merma temporal en la recaudación tributaria, lo que obligaría al Gobierno a revisar el gasto público o reorientar prioridades presupuestarias.
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