El mandato principal del Banco Central es preservar la estabilidad de precios. Si bien no lo explicita en sus comunicados oficiales, la institución adopta medidas que buscan mantener el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en torno a su nivel potencial, estimado en un 5%. Para ello, recurre a diversos instrumentos monetarios, entre los que destacan la tasa de interés de política monetaria y la gestión de los valores en circulación, como notas, letras y certificados de inversión.
Tal como pronosticó el autor de esta columna días atrás, el Banco Central decidió en su reunión de septiembre reducir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos y la colocó en un 5.5%. Esa decisión estuvo influenciada por el recorte equivalente aprobado por la Reserva Federal el pasado 17 de septiembre, así como por la expectativa de dos reducciones adicionales antes de que finalice el año. Ese entorno monetario internacional facilitó el ajuste realizado por las autoridades dominicanas.
A pesar de que desde mayo de 2023 la tasa de interés de política ha perdido capacidad de transmisión hacia las tasas de interés activa y pasiva, el Banco Central procura a través de dicha tasa enviar una señal a los agentes económicos. En esta coyuntura su objetivo es inducir una reducción en las tasas de interés de mercado para estimular la demanda agregada y, en consecuencia, dinamizar el crecimiento del PIB.
Esa estrategia resulta comprensible si se considera que, según estimaciones del Banco Central, la tasa de crecimiento interanual del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) en agosto fue de apenas un 1.5%, lo que redujo la variación promedio acumulada a un 2.3%. En tal escenario, alcanzar el 3% proyectado por las autoridades monetarias y el gobierno dominicano para 2025 requeriría una expansión promedio de un 4.2% entre septiembre y diciembre. La probabilidad de que ese ritmo se materialice es cercana a cero, por lo que todo apunta a que el PIB cerrará el año con un crecimiento en torno al 2.5%; es decir, la mitad del ritmo potencial.
A partir de mediados de junio, el organismo emisor adoptó, a través de una señal ruidosa, una postura de política monetaria expansiva. Como resultado, en julio y agosto los agregados monetarios registraron un aumento significativo, casi tres veces superior al promedio mensual observado durante el año anterior. Durante ese bimestre, la base monetaria ampliada aumentó en 47 mil millones de pesos, mientras que la oferta monetaria ampliada (M2) se expandió en 88,481 millones. Paralelamente, los valores en circulación se redujeron en 14 mil millones de pesos, lo que refleja un esfuerzo por elevar la liquidez disponible en el sistema financiero.
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El objetivo intermedio del incremento en los medios de pago era propiciar una reducción en las tasas de interés. Entre junio y septiembre, la tasa de interés pasiva disminuyó 238 puntos básicos hasta situarse en septiembre en un 7.32%. En contraste, la tasa de interés activa -que incide directamente sobre el consumo y la inversión- apenas se redujo en 46 puntos básicos y alcanzó un 14.31%. Ese comportamiento revela que la política de flexibilización monetaria generó tres efectos principales: la disminución del rendimiento de los instrumentos financieros denominados en pesos, lo que podría incentivar la sustitución de la moneda nacional por dólares; la reducción de la tasa activa, pero no en una magnitud suficiente para dinamizar la actividad económica; y la ampliación del margen de intermediación financiera, beneficiando a los agentes del sistema bancario.
Como era previsible, el tipo de cambio reaccionó con rapidez al aumento de la cantidad de pesos en circulación. Entre junio y septiembre, el valor promedio del dólar pasó de 59.57 a 63 pesos. En paralelo, como resultado del incremento de los agregados monetarios, la tasa de cambio se ubicó en 64.13 pesos por dólar al 8 de septiembre, lo que representa una variación acumulada de un 7.7% desde el inicio de la política expansiva, el 16 de junio de 2025.
El acelerado ritmo de depreciación de la moneda nacional frente al dólar llevó a las autoridades a modificar de nuevo la orientación de la política monetaria, optando por absorber liquidez mediante la colocación de valores y la intervención en el mercado cambiario. En septiembre, los valores en circulación emitidos por el Banco Central aumentaron en 33,244 millones de pesos, lo que implicó una contracción monetaria. Al mismo tiempo, las reservas internacionales se redujeron en casi 593 millones de dólares. Ambas acciones limitaron el ritmo de expansión de la liquidez a una cuarta parte del aumento registrado en los dos meses precedentes. El resultado presionó a la baja el tipo de cambio, que se ubicó en 61.89 pesos por dólar el 16 de septiembre. Sin embargo, esa apreciación fue transitoria: días después, el tipo de cambio retomó su trayectoria ascendente y cerró el mes en 62.78 pesos por dólar.
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Las autoridades deben tener presente que el zigzagueo monetario conlleva elevados costos. Los virajes frecuentes entre fases expansivas y contractivas, sin un marco lógico claramente definido, envían señales contradictorias a los agentes económicos. Desde el abandono “de facto” del esquema de metas de inflación, se ha intensificado la volatilidad del tipo de cambio, de las tasas de interés y de otros instrumentos clave de política monetaria.
Asimismo, los movimientos bruscos de las medidas de política pueden erosionar la credibilidad institucional. Conforme se consolida la percepción de que la nueva orientación monetaria es inconsistente, errática e imprevisible, se debilita el anclaje de las expectativas de inflación. Ese escenario resulta especialmente riesgoso, ya que puede acelerar las variaciones relativas del índice de precios al consumidor, como ocurrió entre junio y agosto, cuando la tasa anualizada alcanzó un 5.3%, cifra que supera el límite máximo de la meta de inflación.
Finalmente, si los agentes económicos no logran anticipar con certeza la trayectoria de los instrumentos de política monetaria debido a su comportamiento zigzagueante, tenderán a posponer sus decisiones de consumo e inversión productiva. En consecuencia, el crecimiento económico continuará desacelerándose. Un resultado distante al que procuran alcanzar las autoridades monetarias y, sobre el todo, el gobierno dominicano.
