Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que su gobierno no permitirá actos de corrupción “aunque provengan del mismo gobierno”, en respuesta a cuestionamientos sobre las denuncias de irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SENASA).
Durante su participación en La Semanal con la Prensa, Abinader fue consultado sobre la acusación de que SENASA habría registrado como compras millonarias medicamentos y vacunas entregados gratuitamente por el Ministerio de Salud Pública.
“No aceptamos acto de corrupción y vamos a desaparecer la impunidad que por décadas y por años ha existido, aunque venga del mismo gobierno, por lo tanto, vamos a esperar”, declaró el mandatario.
Medicamentos gratuitos reportados como compras
El Ministerio de Salud Pública confirmó que, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), transfirió gratuitamente insumos y vacunas a SENASA, los cuales fueron adquiridos mediante el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
No obstante, investigaciones preliminares señalan que centros privados habilitados facturaron a SENASA esos medicamentos gratuitos como si fueran compras en el mercado. Posteriormente, SENASA habría registrado esos pagos como gastos operativos, generando un patrón de irregularidad contable.
Fraude millonario
Las estimaciones iniciales indican que el fraude podría superar los RD$700 millones, con un solo centro privado vinculado a un grupo empresarial que habría facturado hasta RD$500 millones únicamente en vacunas.
Repercusiones y próximos pasos
La denuncia aumenta la presión sobre SENASA, institución clave en el sistema de salud dominicano, y coloca en el centro del debate la transparencia en el uso de recursos públicos destinados a medicamentos e inmunización.
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El presidente Abinader subrayó que su administración dará seguimiento a las investigaciones y advirtió que no habrá espacio para la impunidad.
El caso también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control entre el Ministerio de Salud Pública, SENASA y los prestadores privados, así como sobre las responsabilidades administrativas que podrían derivarse de las auditorías en curso.
De confirmarse las irregularidades, se trataría de uno de los fraudes más significativos en el sistema de salud en los últimos años, con implicaciones directas para la credibilidad de la gestión pública y la confianza ciudadana en las instituciones.
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