El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó este lunes una sentencia de ocho años de prisión contra Jairo Joel González Durán, señalado como el principal responsable de una estafa financiera que afectó a más de 400 personas. El fraude generó pérdidas que superan los 15 millones de dólares, 34 millones de pesos dominicanos y 3 millones en criptomonedas, consolidándose como uno de los casos más notorios en el ámbito financiero reciente.
La decisión del tribunal establece que González deberá cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Además, fue sancionado con el pago de una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector financiero, lo que agrava el impacto económico derivado de este proceso judicial.
El caso salió a la luz gracias a la investigación periodística N Investiga, dirigida por la comunicadora Nuria Piera, la cual destapó la trama fraudulenta mediante la cual González prometía altas rentabilidades en supuestas inversiones. Estos ofrecimientos, carentes de sustento real, atrajeron a cientos de personas que confiaron su capital con la expectativa de multiplicar sus ingresos.
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En la misma sentencia, el tribunal absolvió a los coimputados William Mejía Martínez, Moisés Darío González Rodríguez y Leandro González Espinal, quienes habían sido acusados de violar disposiciones del Código Penal, la Ley de Mercado de Valores, la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley de Lavado de Activos. La absolución implicó el cese inmediato de las medidas de coerción que pesaban sobre ellos, al tiempo que se les declararon las costas de oficio debido a que fueron representados por la defensa pública.
Asimismo, el tribunal condenó a Kelmin Santos Rodríguez, junto a González, al pago de las costas penales del proceso. Esta decisión refuerza la responsabilidad compartida en algunos aspectos de la causa, aunque sin que ello implique privación de libertad adicional.
Por otra parte, se acogió la solicitud presentada por el interviniente voluntario Roberto Polanco Burgos, ordenando al Ministerio Público y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) levantar la oposición administrativa que pesaba sobre un vehículo y liberar el secuestro de varias unidades funcionales vinculadas al caso. Estos detalles serán precisados en la sentencia íntegra que deberá publicarse próximamente.
Con este fallo, se sienta un precedente en materia de protección a los inversionistas y regulación financiera, en un contexto donde las estafas piramidales y el uso fraudulento de criptomonedas han puesto a prueba la capacidad institucional del país para perseguir delitos económicos complejos.
El caso González evidencia la necesidad de fortalecer la educación financiera en la población y la vigilancia regulatoria para evitar esquemas que, bajo la promesa de ganancias rápidas, comprometen el patrimonio de cientos de familias. La condena de ocho años marca un desenlace esperado por las víctimas, aunque persiste la interrogante sobre la recuperación efectiva de los fondos defraudados.
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