Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader promulgó este lunes el nuevo Código Penal de la República Dominicana, mediante la Ley 74-25, derogando la legislación que estuvo vigente desde el año 1884. Esta reforma integral representa un hito en la historia jurídica del país y entrará en vigencia dentro de un año, brindando a las autoridades herramientas actualizadas para enfrentar la criminalidad moderna.
La nueva normativa penal incorpora más de 70 nuevas figuras delictivas, establece un endurecimiento generalizado de las penas y consolida un enfoque preventivo, resocializador y garantista de derechos.
Modernización del catálogo de delitos
Entre las principales novedades del nuevo Código Penal se encuentra la tipificación de delitos que nunca antes habían sido regulados en la legislación penal dominicana. Entre ellos destacan:
Feminicidio, en distintas categorías agravadas, con penas de 30 a 40 años de prisión y multas económicas sustanciales.
Sicariato, ciberbullying, violencia económica y la difusión de deepfakes con fines de extorsión.
Delitos financieros como la estafa piramidal y la intermediación financiera no regulada.
Delitos contra la humanidad: genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad.
Obstrucción de la justicia, autosecuestro, instigación al suicidio, falsa denuncia y dopaje.
Estas incorporaciones responden a fenómenos criminales emergentes que exigían una adecuación urgente del marco normativo dominicano.
Aumento de penas y nuevo enfoque sancionador
Una de las medidas más significativas del nuevo Código es el aumento de la pena máxima de prisión, que pasa de 30 a 40 años, e incluso hasta 60 años en casos de concurso de delitos graves.
También se establecen sanciones contra personas jurídicas, permitiendo que empresas puedan ser penalmente responsables por hechos cometidos por sus directivos o empleados bajo negligencia institucional.
Protección de víctimas y lucha contra la impunidad
Se refuerzan las medidas de protección a las víctimas, en particular a mujeres, niños y personas vulnerables. Se crean órdenes de protección más robustas y mecanismos como el registro de agresores sexuales y programas de reinserción para infractores.
En los casos de delitos sexuales contra menores de edad, el nuevo código amplía la prescripción hasta 30 años después de la mayoría de edad, una medida que busca combatir la impunidad histórica en estos casos.
Corrupción y delitos administrativos
En cuanto a la corrupción administrativa, el nuevo marco extiende los plazos de prescripción y establece penas más severas. Además, los condenados quedarán inhabilitados para ocupar cargos públicos, como parte de un enfoque más riguroso para erradicar la corrupción en el Estado.
Prevención y reinserción
El Código adopta una visión moderna centrada en la prevención del delito y la resocialización del infractor. Se promueve la vigilancia posterior al cumplimiento de penas y la incorporación de programas educativos y laborales como parte del proceso penal.
