Santo Domingo.- Durante la reciente discusión y votación para la aprobación del nuevo Código Penal dominicano, se han reportado tensiones significativas entre legisladores y la familia presidencial. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó su molestia ante los pronunciamientos públicos de la primera dama, Raquel Arbaje, y sus hijas, quienes solicitaron al presidente Luis Abinader no promulgar la pieza legislativa. Pacheco señaló que, aunque todos los ciudadanos pueden expresar sus opiniones, consideró inapropiada la forma en que la familia del presidente manifestó su desacuerdo, afirmando que “merecíamos que nos lo dijeran de otra manera; a mí no me gustó cómo lo dijeron”.
La familia presidencial, en conjunto con figuras de la sociedad civil, firmó una carta abierta que advierte que el nuevo Código Penal representa “graves retrocesos en derechos humanos”, especialmente para mujeres y víctimas de violencia. El texto de la misiva enfatiza que la penalización absoluta del aborto y otras limitaciones normativas suponen un retroceso para la protección de derechos fundamentales en el país.
Esta presión pública causó malestar entre los legisladores, especialmente en el bloque oficialista, quienes consideran que trabajaron arduamente para la llegada del presidente Abinader al poder y esperaban un mayor respaldo o, al menos, mayor diplomacia en los reclamos de la familia presidencial. Pacheco incluso hizo un llamado al presidente Abinader para que, en caso de aprobación del Código en el Congreso, no lo observe ni lo vete, sino que permita su promulgación para dotar al país de una nueva legislación penal.
En resumen, el proceso de aprobación del nuevo Código Penal dominicano está marcado por fricciones tanto dentro del Congreso como entre los legisladores y la familia presidencial, evidenciando la alta sensibilidad social y política que rodea los temas contenidos en la reforma, como las causales del aborto y los derechos de las mujeres.
