Santo Domingo. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) valoró como positiva la apertura de la Cámara de Diputados durante la discusión del Proyecto de Modificación de la Ley No. 225-20, que regula la gestión integral y el coprocesamiento de residuos sólidos. La organización reconoció, además, los ajustes realizados a ciertos artículos que originalmente afectaban de forma directa al sector manufacturero local.
No obstante, el gremio expresó una preocupación profunda respecto al incremento considerado “irrazonable y desproporcionado” de la contribución especial establecida en el proyecto revisado, sin que a la fecha se haya presentado un estudio técnico que respalde los nuevos montos.
“Reconocemos el compromiso del presidente de la Cámara de Diputados de garantizar espacios de diálogo abiertos y participativos, y valoramos que se hayan corregido artículos que afectaban injustificadamente a la industria local”, afirmó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.
El ejecutivo advirtió que, aunque se ha avanzado en algunos puntos, persisten serias deficiencias técnicas en la fundamentación del nuevo esquema financiero propuesto. “No hemos recibido explicación alguna sobre el cálculo de los nuevos montos. Incluso, hemos propuesto que se integren otros fondos públicos ya existentes, como los administrados por ECO5RD, entidad creada por el Decreto 28-23, para evitar sobrecargar al sector productivo”, añadió.
La AIRD ha reiterado en varias ocasiones su comprensión ante las limitaciones presupuestarias de las alcaldías y la necesidad de que estas cumplan sus funciones en materia de residuos. Sin embargo, considera improcedente trasladar la solución de todos los problemas municipales a una contribución especial sectorial, que debe centrarse exclusivamente en fomentar una adecuada gestión de residuos y cerrar vertederos a cielo abierto, tal como lo establece el objetivo transversal de la Ley 225-20.
El gremio también manifestó su confianza en que el Senado actúe con criterio técnico y apertura plural durante la segunda etapa del debate legislativo. Señaló que aún existen aspectos que contradicen las mejores prácticas internacionales en materia de sostenibilidad y competencia. Entre ellos, se mencionan cláusulas contractuales que, según la Comisión de Defensa de la Competencia, podrían resultar anticompetitivas y no deberían formar parte del cuerpo normativo de una ley general.
“El Senado tiene la oportunidad de introducir mejoras clave. Hay aspectos contractuales que deben analizarse con más detalle y que podrían representar barreras a la competencia y distorsiones al mercado”, concluyó Pujols.
La AIRD hizo un llamado a que el proceso legislativo continúe con transparencia, técnica y equidad, recordando que la sostenibilidad requiere equilibrio entre financiamiento, competitividad y marco regulatorio funcional.
